El coordinador territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) en Canarias, Pedro Duarte, considera que el Archipiélago es una de las comunidades en las que podría tener mejor acogida el plan de choque, aprobado el viernes en Consejo de Ministros, ya que ahora se están dando las condiciones propicias para crear empleo.

En esta línea, explica que "las Islas podrían copar varias decenas de miles de los 100.000 nuevos puestos que el Ministerio de Trabajo e Inmigración vinculó a esta normativa".

A su vez, subraya que "teniendo en cuenta la mejoría de nuestra economía gracias al repunte del sector turístico, reforzado por los acontecimientos políticos en Egipto y Túnez que han derivado más visitantes hacia el Archipiélago, es el momento adecuado para que las empresas incrementen sus contrataciones y se aprovechen de estos importantes incentivos".

El máximo responsable del SPEE autonómico precisa que "los empresarios no crean empleo por las ayudas que puedan percibir por ello, sino porque realmente se den las circunstancias adecuadas", y, por este motivo, insiste en que "este programa puede ser muy interesante para Canarias y el detonante para que muchas personas accedan al mercado laboral, a través de él a lo largo de 2011".

No obstante, recalca que el éxito de esta iniciativa, recogida en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para promover el tránsito al Empleo Estable y la Recualificación Profesional de las Personas Desempleadas, dependerá del comportamiento del empresariado, al que pide que se implique y que aproveche los importantes incentivos que la normativa contempla.

De hecho, recuerda que "con este programa excepcional, podrá salirles gratis la cuota de la seguridad de los trabajadores que contraten a tiempo parcial durante todo un año siempre que sean menores de 30 años o parados de larga duración".

Duarte se muestra convencido de que el turismo es el sector que está más preparado para generar empleo y que, a partir de él, se pondrán en marcha el resto de actividades productivas. Sin embargo, arguyó que "sólo dependerá de la capacidad que tengamos para asumir nuevos retos turísticos".

Al respecto, se refirió al objetivo de mejorar la competitividad del destino, algo que, a su modo de ver, pasa inevitablemente por "prestar servicios de calidad, para lo que resulta absolutamente obligatorio contratar más personal". Por tanto, entiende que lo lógico es que el nuevo Real Decreto se traduzca finalmente en "un porcentaje muy alto de contratación en Canarias" a lo largo de los próximos meses.

Por otro lado, aseveró que el plan de choque también tendrá efecto sobre la economía sumergida, tan extendida en el Achipiélago, a pesar de los programas de lucha contra el fraude llevados a cabo por las Administraciones estatal y regional.

En este sentido, alega que este mecanismo permitirá la regularización de muchos trabajadores que no estaban afiliados a la Seguridad Social, porque ahora su incorporación no supondrá ningún coste para el empresario.

Por último, descartó el riesgo de que estos incentivos a la contratación se usen para reestructurar las plantillas de las empresas. Así, "sólo podrán acogerse a las bonificaciones aquellas que incrementen su personal y no vale despedir antes para contratar después", sentenció.

AUTONOMÍAS

Gestión de las bonificaciones

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una moción de CiU en la que se pide que se traspase "a las comunidades autónomas que así lo planteen" la gestión de los incentivos a la contratación mediante el régimen de bonificaciones de las cuotas sociales "para mejorar su eficacia", tal y como se hizo con el País Vasco en virtud del acuerdo entre el PSOE y el PNV.

La iniciativa deriva de la interpelación que el portavoz de empleo de CiU, Carles Campuzano, dirigió el miércoles al ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, quien aseguró que no existe "ninguna dificultad" en que esta política "pueda ser ejecutada también en el ámbito de las comunidades autónomas". La moción reclama que se flexibilice la regulación de las políticas activas, que el Gobierno prevé aprobar en próximas semanas, para garantizar a las comunidades "la autonomía y la capacidad real de gestión necesarias" para adecuar las políticas estatales de empleo a las necesidades concretas de su mercado de trabajo. Para ello, aboga por elevar su dotación presupuestaria y reforzar la colaboración entre los servicios públicos de empleo y las empresas privadas de colocación con el fin de "mejorar su eficiencia y reducir los periodos de desempleo".

Pide una revisión del sistema de formación profesional en la línea de la "territorialización de los recursos, para su correcta gestión, así como extender sus beneficios a los trabajadores autónomos". El Gobierno aseguró en su día que el acuerdo alcanzado con el PNV abría un nuevo camino por el que podrán discurrir otras autonomías, que también podrán pedir la transferencia de las bonificaciones empresariales.