El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer que, tras su reforma, el sistema de pensiones estará diseñado para que en 2027 el 40% de la población se jubile con 65 años, otro 40% lo haga con 67 y el 20% restante se retire de forma anticipada por razones como la penosidad de sus trabajos.
En una jornada organizada por la Escuela de Negocios AFI y la consultora Accenture, Granado indicó también que la tendencia es que dentro de 10 ó 15 años la población prolongue sus carreras de cotización más allá de 35 años.
Además, dijo que el anteproyecto de reforma del esquema público de pensiones llega en el momento adecuado porque consolidará "definitivamente" la recuperación económica y porque, tras 50 años en vigor, el sistema había llegado al final de su ciclo.
Por su parte, el titular del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, apuntó en el Senado que el pacto social y económico alcanzado con sindicatos y patronal requiere un "amplio" desarrollo legislativo y de concertación política institucional, dado el alcance de las materias que contiene.
Zapatero destacó una vez más el valor del acuerdo y la actitud de los agentes sociales durante un proceso "intenso" de negociación en el que han demostrado su "voluntad de compromiso, su sentido de responsabilidad y su actitud" en pro de la recuperación económica.
En línea con lo expuesto por el presidente, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tendió la mano al PP para lograr un acuerdo político sobre pensiones al señalar que "nunca los pactos sociales han condicionado hasta el punto de anular la acción parlamentaria", por lo que afirmó que aún hay margen para discutir entre los "extremos" y acometer cambios en el proyecto.
Sin embargo, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, criticó que el Gobierno haya llevado a los partidos un documento "bastante cerrado" con los agentes sociales y, por tanto, haya "obviado" al Parlamento en esta negociación.
Sobre la reforma de la negociación colectiva, el Ejecutivo y el Banco de España volvieron ayer a mostrar sus discrepancias sobre la revisión de los salarios. El director general del Servicio de Estudios del regulador, José Luis Malo de Molina, reclamó que se elimine la posibilidad de ligar esa revalorización a la inflación, ya que supone un "residuo y un obstáculo" para el ajuste de la economía española en tiempos de crisis.
Críticas de UGT
En la misma jornada en que intervino el titular de Trabajo, Malo de Molina dijo que los convenios colectivos "no permiten la suficiente flexibilidad en los salarios" y que empresarios y sindicatos deben negociar una reforma "sustancial" de los mismos. Ello, añadió, favorecerá el crecimiento.
Por su parte, Gómez defendió que las cláusulas salariales permiten mantener el poder adquisitivo y afirmó que en España, desde hace 30 años, también se tiene en cuenta la productividad cuando se negocian los sueldos. Explicó que siempre es bueno que haya relación entre los salarios y los precios, ya que "si no, tendríamos unos sueldos que se desvinculan del poder adquisitivo y al final habría una resistencia" a subirlos.
Desde Bruselas, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, apuntó que a la patronal "no le conviene" ligar productividad y salarios porque ello requeriría un ejercicio de "transparencia absoluta" sobre sus costos y beneficios.