El delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Guillermo Caldentey, aseguró ayer, a través de un comunicado remitido a EL DÍA, que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, "no habla claro con los ganaderos" respecto a la legalización de las explotaciones en las Islas, ya que no contempla que "puede darse la paradoja de que los edificios lleguen a cumplir desde el punto de vista urbanístico, pero que en ellos no se pueda desarrollar la actividad ganadera por no atender a los requisitos técnicos necesarios".

Tras recordar que el Ejecutivo autónomo encargó a la empresa pública Gesplan la elaboración de los estudios técnicos necesarios para tramitar la legalización urbanística, Caldentey aclaró que una cosa es la cuestión urbanística y otra el imperativo legal de contar con la "preceptiva licencia para ejercer esta actividad clasificada".

Hechas estas precisiones, insistió en afirmar que "el consejero no habla del todo claro con los ganaderos, ya que el proceso de legalización no concluirá hasta que un ingeniero agrónomo elabore y tramite el correspondiente proyecto de ingeniería, que recoja y dé solución técnica a los condicionantes de la normativa sectorial para cada explotación".

Inversión económica

El proyecto técnico, en la inmensa mayoría de los casos, siempre según explica Caldentey, describirá la necesidad de acometer obras de mejora en las explotaciones, "actuaciones que requerirán de una inversión económica que el ganadero debe estar dispuesto a sufragar". Y es un hecho que la Administración "no se ha manifestado respecto a la posibilidad de ayudar a los productores con esas inversiones", apostilla.

Caldentey informó de que los rectores del Colegio ya han solicitado una reunión con el consejero para abordar este asunto.

Hay que recordar que Domingo Berriel explicó hace escasas fechas en el Parlamento autonómico que actualmente se dispone de los informes favorables de 100 explotaciones ganaderas, ahora en situación irregular, que serán próximamente legalizadas. Ya se han presentado 508 solicitudes para la legalización de estas instalaciones, acogiéndose a lo previsto en la Ley de Medidas urgentes, de las que 385 corresponden a la provincia de Las Palmas y 124 a la de Santa Cruz de Tenerife.

La legalización de estas explotaciones al amparo de la Ley de Medidas Urgentes está sujeta en principio a que los municipios en los que se encuentren tengan su planeamiento adaptado al texto refundido.