La vicepresidenta y consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, pidió ayer al Ministerio de Trabajo que aclare las competencias en lo que respecta a la autorización de las agencias privadas de colocación, y que garantice que todos los parados tengan las mismas oportunidades de acceso al empleo, ya sea a través de las agencias privadas como de las públicas.

"Pedimos al Ministerio que se aclare, que nos aclaremos todos, en lo que se refiere al ámbito de competencias" para la autorización de las agencias privadas de colocación, dijo Julios, quien recordó que el decreto sobre la reforma laboral prevé que dichas competencias sean compartidas.

"Nosotros hemos planteado que el Estado debe regular los criterios para autorizar, como se hace en educación y sanidad, pero que son las comunidades autónomas las que deben autorizar", dijo la consejera canaria tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la sede del Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, Julios consideró que "no puede ser" que las agencias privadas reciban financiación estatal "en detrimento de la financiación que reciben las comunidades para los servicios públicos de empleo". En este sentido, advirtió del riesgo de que se produzca "una competencia desleal entre servicios públicos y servicios privados".

La consejera también pidió que quede clara la obligación de las agencias privadas de "atender a todo el mundo", ya que podrán financiarse con dinero público. "No puede ser que las personas con mayor dificultad de inserción sean las que quedan en el ámbito público y que los servicios privados sólo seleccionen a aquéllos que tienen mayor formación o mayores posibilidades de encontrar un trabajo", dijo.

Por otro lado, manifestó su preocupación por el plazo establecido en la reforma laboral, según el cual las agencias privadas deberían estar en funcionamiento desde el 1 de enero. "Nos preocupa que se ponga en marcha sin que estén claros los temas que hemos comentado", indicó, aunque consideró que "es bueno que se ponga en marcha pronto, pero con las debidas garantías desde el punto de vista del acceso al empleo por parte de todos los ciudadanos que están en paro".

En cuanto a la supresión de los 426 euros a los parados que ya han agotado el subsidio al desempleo señaló que las comunidades no pueden asumir el coste de financiar esa ayuda.