El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer la gestión de la crisis provocada por los controladores aéreos que ha llevado a cabo el Ejecutivo y no descartó pedir una prórroga del estado de alarma "en función de las circunstancias".

Antes de asistir a los actos conmemorativos del Día de la Constitución, Zapatero consideró que lograr "restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas" demuestra que "la toma de decisiones de cómo, cuándo y quién debía informar ha sido acertada".

Según apuntó, dependiendo de cómo evolucione la situación, el Gobierno decidirá o no prorrogar el estado de alarma, decretado en principio para 15 días, "teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los grupos" parlamentarios.

De hecho, una eventual prórroga deberá ser votada en el Congreso.

Zapatero recordó que el Ejecutivo tiene facultades y medios para prever cualquier circunstancia y aseguró que los ministerios de Fomento y Defensa trabajan para tener "una nueva capacidad de reacción" si vuelve a registrarse el mismo problema.

Justificó también que no haya comparecido personalmente mientras el gabinete decidía cómo resolver la crisis aeroportuaria. A su juicio, las primeras explicaciones debe darlas en la sede de la soberanía popular. "Creo que el Parlamento ha de ser quien tenga la información exhaustiva en primer lugar en el menor tiempo posible", añadió el presidente.

Rechazó así que se critique que haya sido el portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien haya comparecido ante los medios de comunicación para explicar la evolución de los acontecimientos, una decisión que, señaló, forma también parte de la gestión de la crisis.

Los pasos dados por el Gobierno y cómo éste ha informado "han dado los resultados buscados y esperados", subrayó.

El jefe del Ejecutivo celebró ayer con el Rey en el Palacio de la Zarzuela su despacho semanal, en el que se analizó el caos generado por los controladores aéreos.

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, dijo que la "inmensa mayoría" de los controladores que generaron esa situación "obedeció indicaciones" de una "cúpula" a la que hay que identificar, ya que son los responsables de la situación.

En este sentido, la Fiscalía, por la vía penal, investigará "caso por caso" a unos 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por Aena, que también estudiará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, establecer la gravedad de la sanción.

Actuación de la Fiscalía

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador.

Abundó en esta materia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien informó de que la Fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores. Según indicó, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, insistió en pedir al Gobierno explicaciones sobre el caos aéreo, que calificó de "situación lamentable". Eso sí, remarcó que su partido apoyará el próximo jueves los decretos que el Ejecutivo ha aprobado para establecer el estado de alarma y contrarrestar los efectos del plante de controladores.

Sobre las consecuencias económicas del caos, fuentes del sector turístico señalaron que es pronto para dar una cifra real de las pérdidas, pero que teniendo en cuenta la cifra de afectados, unos 650.000, podrían llegar a los 500 millones de euros. Según la patronal canaria Fecao, los daños sufridos por las pymes isleñas en este puente superan los 26 millones de euros.

En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, apuntó que no cree que la crisis del pasado fin de semana afecte negativamente a la imagen exterior de España, sobre todo desde el punto de vista económico, sino más bien al contrario, puesto que se ha demostrado su capacidad de reacción.