El Parlamento Vasco ha iniciado la tramitación de una proposición de ley del PP de apoyo a los emprendedores, las pequeñas empresas y los autónomos como sectores básicos para salir de la crisis y mantener la economía.

La Cámara ha acordado hoy tomar en consideración esta iniciativa, con los votos de populares y socialistas, la abstención del PNV, Aralar, EA y UPyD, y el rechazo de Ezker Batua.

Ahora, la proposición de ley será remitida a la comisión correspondiente donde, previsiblemente, se creará una ponencia en la que se debatirán las enmiendas que los grupos ya han anunciado que presentarán.

Posteriormente volverá al pleno donde finalmente será aprobada la ley, pionera en España, según ha destacado hoy el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, durante la defensa de la iniciativa.

La propuesta tiene como objetivo que el País Vasco "recupere la actitud emprendedora" para salir de la crisis y promueva "la actividad generadora de riqueza y empleo".

Plantea la simplificación de las gestiones administrativas que pudieran "ralentizar el desarrollo económico" y el establecimiento de un mecanismo para evitar la competencia desleal del sector público con el privado.

Por ejemplo, antes de que la Administración ponga en marcha un servicio que sea susceptible de ser prestado por el sector privado y no sea de recepción obligatoria por los ciudadanos, deberá solicitar al Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia un informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa.

Propone que el Gobierno elabore cuatrienalmente un plan de apoyo a los emprendedores que, entre otras cosas, promueva un marco económico que facilite la creación de empresas "a través de medidas de carácter fiscal", como con un mejor tratamiento de las pymes en el Impuesto de Sociedades respecto de otras grandes compañías.

También aboga por que el Gobierno regule una línea de ayudas que sufrague los gastos en los que los empresarios y las "microempresas" que emprendan nuevas actividades incurran con motivo del pago de las tasas locales vinculadas a este inicio de actividades.

Dentro del capítulo de financiación de los pequeños empresarios, se propone que por ley se obligue al sector público vasco a pagar en un plazo inferior a 25 días a las personas o sociedades con las que contrate y que tengan acreditada su condición de pequeña empresa.

Basagoiti ha recordado que más del 99 por ciento de las empresas vascas son pymes y ha explicado que con una inversión de unos 3 millones de euros al año se podrían generar con esta ley unos 15.000 empleos en los próximos años.