El Consejo General de Colegios de Economistas de España recomienda al Gobierno que lleve a cabo una reforma en profundidad y urgente de la financiación de los ayuntamientos y, en especial, que se revise de forma global los tributos locales.

Esta es una de las conclusiones del estudio "Panorama de la Fiscalidad Local 2010", que ha elaborado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas, en el que se hace una radiografía de la situación de los ayuntamientos.

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentín Pich, el de Registros de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, y la economista María José Portillo han sido los encargados de presentar este estudio.

Todos ellos han destacado que la crisis económica ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de realizar una reforma en profundidad de la financiación local.

Y es que la actual coyuntura económica ha provocado dos efectos en las finanzas municipales una drástica reducción de la inversión y un endeudamiento creciente de las entidades locales.

Para aliviar la delicada situación de los ayuntamientos, los economistas proponen que las competencias que se denominan impropias, que no les pertenecen, sean asumidas por las comunidades o por el Estado.

Circunstancia que implicaría, según han explicado, la delimitación de los servicios que debe prestar cada uno de ellos y la aprobación de una nueva Ley de Bases de Régimen Local y de Haciendas Locales.

El estudio apuesta también por mejorar, mediante auditorías externas, el control del gasto público de los ayuntamientos y su acercamiento hacia planteamientos de rentabilidad económica.

Igualmente defiende la necesidad de establecer un catálogo general de tasas para intentar homogeneizar las mismas, evitando que, como ocurre ahora, tasas que tratan de financiar servicios muy parecidos se exijan con parámetros totalmente dispares.

Según el estudio, de los 5.428 euros que pagó de media en impuestos un ciudadano en España en 2008, tan solo el 16 por ciento (es decir 901,4 euros) se destinó a las corporaciones locales, mientras que la administración estatal se quedó con 2.681,4 euros y la autonómica, con 1.841 euros.