El gasto de las administraciones locales españolas creció un 72% de 2001 a 2008 sin que se aumentaran las tasas a los ciudadanos, por lo que la capacidad de maniobra de los municipios para hacer frente a los gastos se redujo hasta el 45,1% en 2008, según el estudio ''Panorama de la Fiscalidad Local 2010'' elaborado por Consejo General de Colegios de Economistas (CGCE).
El estudio concluye así que la disminución de ingresos asociada a la crisis y la dificultad para recortar gastos ha provocado una drástica reducción de la inversión y un endeudamiento creciente de las finanzas municipales.
El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich, reclamó que las medidas estructurales del Gobierno incluyan "la reforma de la administración local", ya que "la economía española está permanentemente observada y los mercados la analizan en su conjunto".
Pich presentó hoy el informe junto al presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, y la profesora de la Universidad de Murcia y autora del estudio, MªJosé Portillo.
Por su parte, Santamaría señaló que para hacer frente al elevado endeudamiento de las administraciones locales se debería "establecer un catálogo general de tasas" y "definir qué servicios presta cada administración para evitar la duplicidad". "Dada la situación financiera local, es necesario dar un paso hacia delante", añadió.
AUDITORÍAS ANUALES.
Por su parte, Portillo reclamó que las futuras reformas incluyan la obligación de que las administraciones locales se sometan anualmente a auditorías externas para definir sus cuentas, lo que "ayudaría considerablemente" a la gestión de ingresos y gastos.
Pich se unió a esta reivindicación que, consideró, "ordenaría el maremagnum de gastos" de los municipios. Por su parte, Santamaría apuntó que la exigencia de un informe económico anual evitaría que "cada ayuntamiento haga la guerra por su parte".
El CGCEE y el REAF reclama una reforma de los tributos locales ante la falta de unidad entre municipios. Entre los impuestos a revisar, destacaron el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que sólo lo soportan algunas sociedades y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que grava la plusvalía de las transmisiones como lo hace en el IRPF, dejando sin penalizar las transmisiones especulativas de terrenos.
Asimismo, pidieron una reforma del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, al que se debería dar una cierta filosofía medioambiental. Los datos correspondientes a 2008 ya reflejaban las dificultades por las que atravesaban los municipios al comienzo de la crisis, ya que el gasto público local creció un 5,3%, en lugar del 9,7% de 2007, la tasa más baja del periodo, exceptuando el año 2004.
Los derechos reconocidos de los municipios en 2008 ascendieron a 52.885 millones de euros, mientras que las obligaciones reconocidas supusieron 53.974 millones de euros, una diferencia de compromisos de pago e ingresos disponibles de 1.089 millones de euros, que se tradujeron en un retraso de los pagos por la falta de liquidez.