El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sigue sin contemplar un escenario en el que no haya acuerdo sobre la reforma de las pensiones, a pesar de que el PP lo considera un "camino lleno de minas" y CCOO y UGT califican de "injustas" las principales medidas que propone el Ejecutivo.

Granado, que ha clausurado hoy unas jornadas sobre pensiones de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), ha destacado que el acuerdo es posible dentro de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y que no es más difícil que en 1995 -cuando estallaron los casos Roldán y Rubio, recordó- o en 2003, año en que se inició la guerra de Irak, precisó.

Con estas palabras Granado ha respondido al portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, quien, en la misma jornada, ha denunciado que el Gobierno ha "sembrado de minas" la renovación del acuerdo parlamentario sobre pensiones y ahora pide a su partido que "vayamos de la mano recorriendo el camino a ver si nos explota".

El Gobierno se ha fijado como plazo final de año para presentar su proyecto de ley para reformar el sistema público de pensiones.

Para el secretario de Estado sería una "profunda irresponsabilidad" que afectaría a la viabilidad de España en los mercados internacionales el que no hubiera un acuerdo en la materia.

Debido a que el Gobierno juzga "imprescindible" la reforma de las pensiones para asentar las bases de la recuperación, Granado se mostró confiado en que habrá acuerdo con la oposición y con los agentes sociales, ya que el país no se puede permitir un fracaso.

No lo ve tan fácil Tomás Burgos, para quien la propuesta del Gobierno de elevar en dos años (de los 65 actuales a los 67) la edad de jubilación impide el consenso, al igual que la decisión del Ejecutivo de congelar las pensiones contributivas en 2011 para reducir el déficit.

Además, vinculó la reforma de las pensiones a que se alcance un "gran acuerdo nacional" que fije qué parte de la riqueza nacional se quiere dedicar al sistema público de las pensiones.

Tampoco les gusta la elevación de la edad legal de la jubilación a los sindicatos CCOO y UGT, que también aprovecharon su participación en la jornada para pedir a los partidos que abandonen la "confrontación" y hagan un esfuerzo para llegar a un acuerdo.

La razón la dio el responsable de pensiones de CCOO, Carlos Bravo, quien alertó del riesgo de que se "echen por la borda" los consensos políticos que han regido sobre pensiones en los últimos 15 años, porque el Gobierno las está utilizando para "lanzar mensajes erróneos".

Esto, precisó, puede ser usado por la oposición para desgastar al Ejecutivo, que, por un lado, anuncia que va a hacer una nueva agenda social y, por otro, no rectifica su reforma laboral ni su propuesta de elevar la edad de jubilación.

Por su parte, la responsable de pensiones de UGT, Carmen López, indicó que aumentar de 15 a 20 años el período para recibir una pensión contributiva mínima supone un recorte del 3,5% de la prestación, mientras que usar toda la vida laboral para calcularla conlleva una disminución del 5% en la prestación final.

Las patronales CEOE y CEPYME también rechazan, por insuficiente, la reforma del Ejecutivo.

El director de relaciones laborales de la CEOE, José de la Cavada, se opuso a que se utilice el superávit de la Seguridad Social para reducir el déficit, así como a las actuales cotizaciones empresariales, que la responsable del departamento socio-laboral de CEPYME, Teresa Díaz de Terán, calificó de "impuestos sobre el empleo".

Entretanto, el sector privado demandó a la Seguridad Social que ofrezca a los trabajadores más información sobre la futura sostenibilidad del sistema de previsión para que así se conciencien de su situación real y sepan que puede ser inviable en el futuro por razones demográficas.