Canarias suma, de acuerdo con el último dato de la Seguridad Social, 297.927 perceptores de pensiones contributivas (255.683) y no contributivas (42.244). El peso relativo de los que cobran las segundas y los que, dentro del primer grupo, perciben la cuantía mínima es del 43,4%. Es la tercera proporción más alta del país, inferior sólo a las que presentan Extremadura (55%) y Castilla-La Mancha (47,7%). Para José Miguel González, este dato es consecuencia del "sistema de relaciones laborales" de las Islas, que frena el acceso a bases de cotización superiores.
La reforma de las pensiones, según el economista de CCOO-Canarias, no promoverá, tal y como se plantea, un incremento de los pagos a estas clases pasivas. "Si ahora -expone- se pretende incrementar el número de años de cotización y retrasar la jubilación sin actuar sobre la pirámide de la población -rebajando sobre todo el paro juvenil-, sólo se retrasará el problema, sin solucionarlo".
La patronal provincial CEOE-Tenerife avisa de que el retraso de la incorporación de los jóvenes al empleo, el paro, el envejecimiento de la población y el consecuente incremento de las pensiones (donde más han subido en el último año ha sido en Canarias) "exigen una revisión que pueda garantizar el pago de las jubilaciones". Para ello, abre varias alternativas, pero remarca que "cuando se estableció la edad de 65 años para la jubilación, la esperanza de vida rondaba los 70, y hoy supera los 83".
Respecto a la iniciativa coyuntural de congelar las pensiones, González opina que los sacrificios tendrían que exigirse sobre la renta total, vía IRPF, para equilibrar el esfuerzo fiscal de cada familia. Lola Pérez considera que "quizás se tendrían que haber buscado otras fórmulas" antes de apretar el cinturón de los pensionistas para reducir el déficit público.