DESDE hace tiempo las empresas de trabajo temporal, a través de la patronal Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), buscan una mayor cuota en la intermediación laboral, y parece que para propiciar los cambios legislativos correspondientes no han encontrado mejor argumento que poner en cuestión la eficacia de los servicios públicos de empleo, difundiendo con cierta periodicidad "estudios" en los que concluye esa asociación que las empresas de trabajo temporal "colocan más trabajadores que las comunidades autónomas".

Por mi parte, soy de los convencidos de que no conduce a punto alguno el estéril debate acerca de lo público y lo privado, pues en la provisión de servicios a los ciudadanos caben ambos; lo que hay que rechazar es la incompetencia y la ineficacia -lacras que no son privativas de uno u otro sector-; como mejor se defiende lo público no es con grandes declaraciones, sino haciendo las cosas de manera adecuada, con eficiencia y buscando el bien común. Y también que quienes estamos en lo público hemos de defender los servicios a nuestro cargo, al margen del color político.

La primera defensa que he de hacer de la labor de los Servicios Públicos de Empleo es su trabajo para lograr una sociedad que ofrezca a sus ciudadanos mejores condiciones de empleabilidad, desde el convencimiento en que lo público propicia la igualdad de oportunidades, con condiciones efectivas de acceso, con condiciones de posibilidad igualitarias a los puestos de trabajo que la economía crea. Eso, a mi entender, es lo relevante cuando se enjuicia el papel de los servicios públicos de empleo, como suministradores de un amplio catálogo de servicios a los ciudadanos y a las empresas que van mucho más allá de la mera intermediación laboral.

Esa intermediación se limita a un mero cruce entre ofertas y demandas de empleo que habrá que aspirar a resolver con el candidato en cada caso más idóneo. Pero para alcanzar ese candidato idóneo es preciso desarrollar toda una actividad previa, que tiene que ver con la formación de la persona, con la orientación profesional que se le ofrezca, con las posibilidades que se le brinden para alcanzar una experiencia laboral, etcétera. Es decir, el desarrollo de un complejo conjunto de medidas y programas que tienen por referente al ciudadano y a través de los cuales se pretende conseguir que cada ciudadano esté en las mejores condiciones posibles para acceder a un puesto de trabajo. Y ¿quién participa en ese proceso? Desde luego no las empresas de trabajo temporal, cuya actividad es otra, sino los servicios públicos de empleo.

Del conjunto de instrumentos de la política de empleo, las Agencias de Trabajo Temporal sólo están llamadas a participar en uno de ellos, la intermediación laboral, que ya hemos señalado que se refiere a poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación. Y no participan en el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación y recualificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social. En todos esos ámbitos, quienes estamos somos los servicios públicos de empleo.

Me atrevo a señalar una cuestión: si las empresas de trabajo temporal consiguen intermediar a trabajadores idóneos para los puestos de trabajo que se ofertan es porque esos trabajadores previamente han pasado por los servicios públicos; si los servicios públicos de empleo no cumpliéramos con nuestros cometidos, difícilmente esas empresas encontrarían a quien intermediar, pues las condiciones de empleabilidad de los trabajadores no surgen espontáneamente, sino que son el resultado de las políticas de empleo que se ponen a su disposición.

Todos tenemos un papel que jugar en el mercado laboral; para buscar el suyo las empresas de trabajo temporal no necesitan desprestigiar el trabajo que se viene desarrollando por los servicios públicos de empleo, pues poco bagaje aporta aquel que sólo puede decir "como tú lo haces mal, vengo yo que sí lo hago bien". Cada uno hace lo que le corresponde, y el Servicio Canario de Empleo (SCE) no es inconciliable con la iniciativa privada, por lo que apostamos por la coexistencia con las empresas de trabajo temporal y muchos otros operadores, pero nuestra condición pública nos llevará a combatir la privatización cuando sea concebida como apropiación de lo común, y rechazaremos la decisión sobre las políticas de empleo desde intereses particulares, no representativos de los intereses colectivos.

Ha entrado en este debate Comisiones Obreras lamentando que el SCE se concentre en los trabajadores peor cualificados. Desde el Servicio Canario de Empleo prestamos servicios a todos, a los humildes y a los poderosos, pero tenemos muy a gala esforzarnos en evitar abusos con los más débiles y necesitados, evitando que concepciones tecnocráticas, basadas en el mero utilitarismo, cuyo único fin es la ganancia y el provecho propios, circunscriban la intermediación laboral a los más cualificados. Nos dedicamos a todos, pero somos la garantía de quienes nada tienen para ponerlos en condiciones de acceso al mercado laboral, somos los servicios públicos de empleo los que nos esforzamos por reinsertar laboralmente a personas con especiales dificultades para el acceso al trabajo: discapacitados, inmigrantes, personas en exclusión social. ¿Cómo encaja la actividad de inserción que se desarrolla con estas personas en las estadísticas que presentan las empresas de trabajo temporal?

Lo sorprendente es que una central sindical sea incapaz de poner en valor el trabajo que desde el Servicio Canario de Empleo hacemos para favorecer la inserción laboral de esos colectivos.

Pero claro, también llama la atención que CEOE-Tenerife ponga en cuestión los servicios de intermediación del SCE. Debe saberse que, a través de un convenio, esa organización lleva a cabo, en cooperación con el Servicio Canario de Empleo, acciones de intermediación laboral. Si la organización considera que esos servicios no tienen utilidad, lo suyo es denunciar el convenio, pues no es lícito mantener estructuras ineficientes.

Para concluir: ¿cuál es la fiabilidad de los estudios a que aluden las empresas de trabajo temporal? El Servicio Público de Empleo Estatal vienen elaborando un barómetro trimestral sobre cómo se encuentra empleo y nos ofrece conclusiones diferentes, apuntando tasas superiores al 14% a la intervención de los servicios públicos.