La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) señaló ayer que el conflicto con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) no se ha acabado con el acuerdo de mínimos alcanzado en agosto, sino que ha pasado del conflicto al problema.

"Visto lo visto no está nada claro", afirmó César Cabo, uno de los portavoces del sindicato, según quien, con su actitud, Aena pone en entredicho la palabra del ministro de Fomento, José Blanco, que aseguró el pasado 3 de septiembre en una reunión con los controladores que la única solución al conflicto es la negociada.

En opinión de este portavoz, el Ministerio de Fomento, ante el cual responde Aena, debería llamar al orden a la empresa pública, dado que Blanco se comprometió públicamente a resolver la situación y anunció que se reuniría de nuevo con el colectivo en caso de que hubiera más problemas.

Precisamente ésta es la vía que siempre ha defendido USCA, pero en cambio ha recibido "leyes, decretos e incumplimientos por parte de la empresa", insistió Cabo en una rueda de prensa al término de la última jornada del XXII congreso del sindicato, que representa al 97% de los controladores.

Agregó que, ahora mismo, el acuerdo de mínimos, que acabó con la amenaza de huelga de este colectivo en agosto, no se está cumpliendo a rajatabla por parte del regulador, y sí por parte de los controladores, que desean seguir negociando para que la situación del sector aeronáutico en España se normalice cuanto antes.

Cabo quiso dejar claro que Aena no muestra ninguna voluntad de que quiera avanzar en el camino que marcó el ministerio.

Entre los incumplimientos de la empresa, USCA denuncia que no publica los turnos de trabajo con la antelación que el acuerdo marca, no cumple los descansos de seguridad y no facilita las configuraciones de trabajo de referencia.

Tampoco está cumpliendo con las retribuciones y, para "más inri", hizo el pasado día 13 una transferencia de nómina a las cuentas bancarias de los controladores por importe de un céntimo en concepto de atrasos, lo que, a juicio de Cabo, es una auténtica "tomadura de pelo", dado que una transferencia cuesta seis euros y la empresa tiene una deuda de 14.000 millones de euros.

Asimismo, explicó que los controladores no cobran "ni de lejos" los 200.000 anuales euros de media que dice Fomento.

César Cabo advirtió de que es insostenible que la actual situación se prolongue por mucho más tiempo, ya que está en juego la seguridad aérea.