La morosidad es el principal motivo de conflicto entre las empresas en la provincia tinerfeña, según los datos que facilitó ayer el Servicio de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.

En los seis primeros meses de este año, el 60% de las denuncias entre empresarios que se formularon en la Cámara para resolver sus conflictos por la vía no judicial estuvieron relacionados con situaciones de impago generadas en el tráfico comercial, un porcentaje que ha ido creciendo desde que estalló la crisis, ya que en agosto de 2008 no superaban el 50%.

En la mitad de los casos se trata de deudas que oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros, "cuantías elevadas, si tenemos en cuenta que en la gran mayoría de las ocasiones las entidades que están pendientes de su cobro son microempresas o autónomos", siempre según fuentes del Servicio de Arbitraje.

Las mismas precisaron que la morosidad ha desbancado a la que, antes de estallar la crisis, era la principal causa de conflicto entre las empresas: las contrataciones de servicios de telefonía móvil, que en 2007 representaban el 60% de las peticiones de mediación registradas en la Cámara de Comercio. En estos momentos, estos servicios telefónicos son el origen de aproximadamente el 30% de las solicitudes de mediación, mientras que en el tercer escalón, con un 20% de consultas, figuran los relativos a talleres de reparación de vehículos.

El año pasado, cerca de 200 empresas se beneficiaron de este servicio gratuito de Mediación con el que, si ambas partes están de acuerdo, se puede alcanzar una solución al problema en el plazo medio de un mes. En torno al 50% de las mediaciones que se solicitan en la Cámara tienen resultado positivo, es decir, finalizan con la obtención de un acuerdo entre ambas partes que pone fin al conflicto, sin necesidad de recurrir a la costosa vía judicial. Sin embargo, en la otra mitad de las reclamaciones presentadas, se obtiene un resultado negativo, debido sobre todo a que la empresa reclamada se niega a participar en el proceso.

La Cámara, se explica en el comunicado remitido ayer a este periódico, pone a disposición de las empresas el servicio de mediación porque es una alternativa más rápida y económica que la vía judicial para resolver sus conflictos con otras compañías, y con ese objetivo cuenta con la Unidad de Arbitraje y Mediación Mercantil.

El éxito de este sistema se fundamenta en la buena fe de las empresas implicadas, que deben acogerse de forma voluntaria al proceso de mediación y aceptar la decisión que finalmente se acuerde, a pesar de que ésta no tiene carácter vinculante.

En este sentido, según el Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio, el hecho de que una empresa decida solicitar la mediación no le impide presentar una reclamación ante el sistema judicial. No obstante, tanto a la empresa reclamante como a la reclamada les resulta más barato, ágil, y beneficioso obtener un acuerdo extrajudicial.

En cuanto al arbitraje, se trata de un procedimiento ágil y flexible, no sujeto a las rigideces de las normas procesales estatales, en el que no es necesaria la intervención de procuradores, y que posibilita la intervención de las propias asesorías jurídicas de las empresas, evitando la externalización. Además, la confidencialidad es uno de los factores más valorados del arbitraje, sobre todo entre grandes empresas, ya que, en caso de resultado desfavorable, minimiza el daño en la reputación del negocio que podría trascender con la publicación de la sentencia.

En este momento, la Cámara tinerfeña lidera la lista de las cámaras españolas que más mediaciones tramitan.