El Ministerio de Vivienda asegura en el Libro Blanco sobre desarrollo urbano sostenible que presentó hoy que es necesario cambiar el modelo inmobiliario español porque es "claramente insostenible y poco habitable", y aboga por un acuerdo entre todas las Administraciones públicas para lograrlo.
Ésta es una de las diez propuestas que contiene este texto, que además incluye 112 criterios de sostenibilidad urbanística y toda la normativa vigente sobre planeamientos urbanísticos.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, indicó durante la presentación del documento que de esta forma se busca recoger "los principios que deben regir" el desarrollo de las ciudades, para lo que el Gobierno ha puesto en marcha medidas que incentiven la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética.
Según Corredor, este documento "no tiene precedentes en España" ya que es "el primer barómetro sobre la sostenibilidad urbanística" que realiza un análisis global y define "estrategias" para la toma de decisiones sobre planeamientos urbanos.
Entre las diez propuestas del Libro Blanco se encuentra el uso eficiente del patrimonio inmobiliario, vincular la legislación urbanística y la medioambiental, la ruptura entre los planteamientos urbanísticos y el derecho de propiedad, y que se amplíe la duración de los diferentes planes de actuación a más allá de diez años,
El Libro Blanco también defiende una mayor participación de los ciudadanos, que, según la ministra de Vivienda, son "los grandes ausentes" en la toma de decisiones urbanísticas.
A su vez, aseguró que, en un momento en el que en Europa se impone "una vuelta a la austeridad, todos hemos de tomar decisiones que nos sitúen con realismo en esta nueva coyuntura".
Además, abogó por una "diversificación" de la construcción residencial por medio de otras actividades como la rehabilitación, ya que, a su juicio, este sector "nunca volverá a ser igual en España, ni en términos de PIB ni de empleo".
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, resaltó la "gran responsabilidad" de los ayuntamientos en las decisiones urbanísticas.
En este sentido, afirmó que las corporaciones municipales "no deberían" aprobar actuaciones urbanísticas que antes "no hayan sido aprobadas por los plenos".
Castro también abogó por "rehabilitar los viejos polígonos industriales para convertirlos en parques tecnológicos", al tiempo que apuntó que la construcción seguirá "vigente" en la economía española, aunque a un ritmo de edificación de cerca de 450.000 viviendas al año, la mitad que el que existía antes de la crisis.