Los sindicatos ven cada vez más cerca la convocatoria de una huelga general ante la posibilidad de que el Gobierno imponga por decreto una reforma laboral y estudian nuevas movilizaciones contra el decreto-ley aprobado ayer, que el PP ha calificado hoy de "estacazo al más débil".
UGT y CCOO anunciaron hoy que estudian convocar manifestaciones "masivas" en todas las capitales de provincia el próximo 8 de junio, coincidiendo con el paro total del sector público, para protestar por las medidas de ajuste del gasto público aprobadas ayer por decreto y que consideran una "agresión" a millones de empleados públicos, pensionistas y dependientes.
Advirtieron de que dichas medidas ponen en riesgo un acuerdo de reforma laboral y desde UGT, su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, alertó de que un "decretazo" en materia laboral sería motivo "más que suficiente" para convocar un paro total.
En la misma línea el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que su sindicato, "trabaja desde ya" junto con UGT "como si este país fuera a vivir una huelga general" por "si las circunstancias" lo hacen necesario.
Ferrer también puntualizó que "hoy hay más razones que ayer" para convocar el paro general y para convocar a la sociedad a protestar contra el "decretazo consumado ayer".
Horas antes, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, advertía de que si la reforma laboral se aprueba por decreto "también dependerá de los sindicatos", ya que todos los integrantes del diálogo social deben "hacer un esfuerzo y buscar consenso".
Mientras, fuentes de la CEOE mostraron el deseo de esta organización de llegar a un acuerdo de reforma, que es "urgente y necesario", aunque advirtieron de que debe incluir medidas de "calado" que favorezcan realmente la actividad y el empleo.
En el terreno político, el presidente del PP, Mariano Rajoy, censuró las medidas de ahorro contenidas en el decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros por considerar que "dan un estacazo al débil" y revelan la "degradación" en la que ha caído el Gobierno, así como el "travestismo" ideológico del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
Rajoy exigió que el Gobierno proceda a "una dieta de adelgazamiento" de todas las administraciones, pues "gastan lo que no está en los escritos", y planteó la necesidad de una ley que abra la puerta a la privatización de las televisiones públicas en las comunidades autónomas.
El líder del PP insistió en que su partido no apoyará la congelación de las pensiones ni ninguna subida de impuestos, si bien no precisó si se refería a los planes del Gobierno para aumentar la presión fiscal a las rentas más altas.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, propuso al Gobierno que, como alternativa a los recortes, privatice parte de AENA y Renfe y venda activos de Iberia, REE o Bolsas y Mercados.
Desde ERC, su presidente, Joan Puigcercós, sugirió a Zapatero que empiece el recorte presupuestario rebajando los gastos del Ministerio de Defensa, mientras que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, advirtió de que el decreto-ley trata de "adelgazar" al sector público "para aumentar la gordura de los mercados financieros".
Frente a las críticas de la oposición, desde Alemania el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, reconoció que el paquete de medidas es "duro pero necesario" porque España y la zona del euro tienen que hacer un esfuerzo de consolidación "basado además en medidas concretas de ajuste".
El Gobierno admitió ayer que dicho esfuerzo de consolidación hará más lenta la recuperación y rebajó en cinco décimas, hasta el 1,3%, la previsión de crecimiento para 2011.
La mayoría de los expertos consultados hoy por EFE coinciden con el Gobierno en que la aceleración del ajuste fiscal afectará al crecimiento, aunque sus cálculos ya eran más pesimistas que los del Ejecutivo, por lo que ahora prevén un crecimiento menor que el oficial.