Las principales capitales de provincia de todo el país fueron escenario ayer de numerosos actos de protesta por el plan de austeridad del Ejecutivo central que, entre otros ajustes fiscales, contempla el recorte salarial para los empleados de todas las administraciones públicas. En Santa Cruz de Tenerife se congregaron más de 400 personas, según las organizaciones convocantes y 300, en base a los cálculos de la Policía Local.

Estas cifras fueron calificadas de "bastante positivas" por parte del coordinador del área pública de CCOO, José Ramón Barroso, que subrayó que "volvemos a tener uno de esos días victoriosos en la lucha obrera en la calle".

También en Las Palmas y en el resto de las Islas se produjeron concentraciones en las que además de UGT, CCOO y CSI-CSIF estuvieron presentes representantes de Intersindical Canaria, USO, el Sindicato Unificado de Policía, así como otras federaciones sindicales de las fuerzas de seguridad y diversos colectivos políticos y sociales.

Tras protagonizar algunos cortes intermitentes del tráfico, el secretario regional de CCOO, Juan Jesús Arteaga; el responsable autonómico del CSIF, César Martínez, y el secretario del sector de comunidades autónomas de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Jesús Caballero, dieron lectura a un manifiesto en defensa de los servicios públicos en el que denunciaron que el paquete de medidas de este "plan antieconómico" producirá una contracción del consumo al afectar a 2,7 millones de empleados públicos y 8,5 millones de pensionistas".

En el resto del país, las movilizaciones que mayor respaldo popular lograron fueron las de las provincias de Andalucía que sumaron cerca de 10.000 personas.

Las protestas llegaron también hasta Bruselas, donde unos 60 funcionarios se concentraron ante la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en la capital belga.

Por otro lado, tras la reunión de la Mesa General de la Función Pública, la secretaria de Estado del área, Consuelo Rumí, aseguró que el recorte no sólo afectará al salario base y a la antigüedad, sino también a los complementos de destino y específicos.

Rumí precisó que la mesa fue convocada para "cumplir" con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, mientras que los dirigentes de los sindicatos de la Función Pública UGT, CCOO y CSI-CSIF calificaron el encuentro de "burla" porque no se les ha concretado a qué colectivos afectará el recorte y en qué medida. No obstante, insistieron en que recurrirán el decreto-ley porque es "discriminatorio, no tiene garantías de ecuanimidad y vulnera el derecho a la negociación colectiva, además del derecho individual consolidado a un determinado salario".

La secretaria de Estado detalló que el recorte salarial, que no tendrá carácter retroactivo, se aplicará a partir del 1 de junio en cada una de las nóminas hasta la de diciembre, incluida la paga extra de Navidad, aunque no afectará a la paga extra de junio.

Rumí argumentó que "la medida no vulnera el Acuerdo de la Función Pública 2010-2012 y sólo suspende la aplicación de los artículos que se refieren a la revisión salarial". En este sentido, recordó que "el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público permite al Gobierno suspender excepcionalmente el cumplimiento de determinados acuerdos por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas".