El Grupo Banca Cívica -integrado por Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos- y las cajas catalanas Manlleu, Sabadell y Terrasa, han notificado su proyecto de concentración a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), según figura en los registros del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

La creación de Banca Cívica no requiere recursos públicos, mientras que la de las cajas catalanas lleva aparejados recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 380 millones de euros, importe que ya ha recibido la ''luz verde'' del Banco de España y de la comisión rectora del fondo.

El grupo Banca Cívica está a la espera de recibir autorización para la creación de su sociedad central que, además de actuar como una entidad financiera en sí misma (a cargo de las redes comerciales de las zonas comunes), coordinará las políticas comerciales para todo el grupo.

Esta sociedad en torno a la que se articulará el Sistema Institucional de Protección (SIP) llevará a cabo también la consolidación y control de los estados financieros de todo el grupo, necesaria para actuar como un único interlocutor ante reguladores y mercados.

Esta entidad será la responsable, además, de implantar la estrategia en las cuatro entidades, así como de gestionar los negocios comunes, que incluyen fondos, seguros, banca privada, servicios a grandes empresas, e inversiones.

LAS CAJAS CATALANAS DE UNNIM

Por su parte, el Banco de España autorizó el pasado 25 de marzo apoyar financieramente el proyecto de fusión de Caixa Manlleu, Sabadell y Terrasa por considerar que cumple con los criterios de solidez y racionalidad económica que se han de exigir para este tipo de operaciones.

Las cajas catalanas aspiran a devolver los 380 millones que recibirá del FROB a un interés del 7,75% en un plazo de tres años y medio. Estos recursos suponen el 1,93% de sus activos ponderados por riesgo.

Las tres cajas que se fusionarán bajo el nombre de ''Unnim'', proyecto del que se descolgó Caixa Girona, y celebrarán sus respectivas asambleas el 17 de mayo para dar el sí definitivo a su integración, con el objetivo de empezar a operar entre finales de julio y principios de julio.

En un plazo de dos años, Unnim prevé contar con 2.900 empleados tras reducir plantilla en 530 personas mediante prejubilaciones a partir de 55 años, y con 610 sucursales tras el cierre de 150, un 20% del total (respecto a las 760 de enero de 2009).