Los sindicatos de la Mesa General de Empleados Públicos de Canarias convocarán movilizaciones a la vuelta de Semana Santa contra el proyecto de Ley de Función Pública que prepara el Gobierno Autónomo, que mantienen encubre un intento de despedir personal para privatizar servicios.
Así se ha acordado en asambleas convocadas a tal fin entre ayer y hoy en Gran Canaria y Tenerife entre el personal de la Comunidad Autónoma por dichos sindicatos, Comisiones Obreras, Sepca, UGT e Intersinsdical Canaria (IC), según dijo el portavoz de este último Rafael Rodríguez, que cifró en 9.000 los trabajadores cuyo empleo peligra de aprobarse dicha norma.
Y es que la aplicación de la proyectada Ley de Función Pública, sumada a la del ya conocido decreto de cambio de ordenación de las listas de sustituciones en sectores públicos como educación y sanidad, "dejaría en desamparo a los interinos y al personal laboral de la Comunidad Autónoma, sin excepción", sentenció.
Subrayando, además, que los perjuicios últimos de este "adelgazamiento premeditado del sector público" recaerán sobre los ciudadanos, que "perderán, en la práctica, derechos, al eliminarse prestaciones y servicios que ya no será posible ofrecer con esa reducción de personal".
Por todo lo expuesto, Rodríguez insistió en que los sindicatos representativos del personal la Comunidad Autónoma "van a luchar en defensa del sector público y de las garantías que conlleva para los ciudadanos".
Avanzando que, para ello, en las asambleas de ayer y hoy se ha encomendado a los miembros de la Mesa General de Empleados Públicos elaborar un calendario de movilizaciones "de todo tipo", que incluirán manifestaciones o concentraciones pero también, muy probablemente, jornadas de huelga, y que se presentará a la vuelta de Semana Santa, previsiblemente el 5 de abril.