El importe del fraude imputado al director gerente de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), Norberto Cejas, y su esposa y subdirectora de la entidad, Concepción Hernández, asciende a un total de 6.813.595,39 euros, según afirmó ayer en una rueda de prensa en Tenerife el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que, a su vez, precisó que "1.082.000 euros de esta cuantificación inicial que la Intervención General de la Seguridad Social realiza del volumen de la responsabilidad contable corresponden al ejercicio 2008".

Granado destacó que la actuación en la MAC "no deriva de un problema de la mutua con la Administración de la Seguridad Social, sino que hay un conjunto de personas con nombres y apellidos y con vinculaciones familiares con miembros de la directiva que estaban haciendo una gestión de fondos públicos que, a nuestro juicio, era indebida".

Pruebas contundentes

Al respecto, matizó que "podríamos estar equivocados, pero las pruebas que tenemos son bastante contundentes y han sido examinadas por diferentes órganos competenciales que han ido actuando en base a ellas".

En cuanto a los motivos que llevaron a la suspensión cautelar en sus cargos a Hernández y Cejas, aludió a la existencia de "indicios de responsabilidades penales, contables y administrativas, que afectaban a la Seguridad Social y a la propia mutua".

Así pues, agregó que "las acciones que se tomen sólo incidirán en estos directivos y no repercutirán en el funcionamiento de la MAC, que incluso saldrá fortalecida.

El titular de la Seguridad Social española dijo que "aunque es cierto que las mutuas recurren a veces a fundaciones o entidades de gestión que colaboran en el desarrollo de sus competencias", tal y como se ha esgrimido para justificar la relación de la MAC con otras empresas, en este último caso "se trata de una circunstancia diferente, ya que estamos hablando de un conjunto de compañías vinculadas a algunas personas que utilizan los fondos de la mutua para obtener un beneficio antijurídico".

En esta línea, argumentó: "No tiene nada que ver que una mutua tenga una sociedad con que su gerente posea una empresa para facturarle a la mutua".

De hecho, explicó que "en las alegaciones al informe en el que se les advertía de las irregularidades en el vínculo con varias sociedades, la MAC esgrimió que se trataba de empresas que suministraban gasolina", pero aclaró: "No estamos hablando de eso, sino de compañías que tenían concertada prácticamente toda la facturación de los alquileres de los centros de la mutua".

En respuesta a las acusaciones de la Seguridad Social, fuentes de la MAC desglosaron la cifra de 6,8 millones de euros, motivo del presunto fraude, a las obras de la rehabilitación de la Casa Elder, realizada en 2004, que cuantificaron en 4.223.433,76 euros mientras que el resto correspondería en su mayoría a gastos e inversiones en la red de centros asistenciales.

Autorización previa

Sobre este asunto, incidieron en que las labores de remodelación del inmueble que se ha convertido en su sede central "contaron con la autorización del anterior gobierno, pero que curiosamente fue revocada por la misma Secretaría de Estado de la Seguridad Social que ahora ha propiciado el expediente de suspensión de los dos miembros de la actual dirección de la mutua".

Sin embargo, Granado aclaró que con la casa Elder se le ofreció a la MAC la posibilidad de que acometiera la rehabilitación con fondos propios si quería seguir manteniendo la propiedad del inmueble, pero al final, y pese a plantearles facilidades de financiación, la realizó con cargo de la Seguridad Social y ha conservado la titularidad".

No obstante, enfatizó que "esta cuestión no es un hecho relevante y de ningún modo hubiera dado origen a una actuación como la que se ha llevado a cabo estos días".

ACLARACIONES
Motivos ajenos a la política

Octavio Granado, que destacó que, a primera hora de la mañana de ayer, mantuvo un encuentro con el consejero de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, José Miguel Ruano, descartó cualquier implicación política en la actuación de la Seguridad Social contra los dos directivos de la MAC. El secretario de Estado, que confirmó que Ruano le expresó la preocupación del Gobierno de Canarias por los hechos, y que, atendiendo a sus peticiones, le había hecho llegar la resolución en base a la cual se decidió realizar los registros, incidió en "el clima de cordialidad y la total sintonía entre el Gobierno de España y el de Canarias".

Igualmente, en respuesta a las críticas efectuadas por el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, que lo acusaba directamente de haber propiciado esta situación con el fin de acabar con las mutuas pequeñas, declaró: "No quiero convertir esta cuestión en un problema político porque no lo es. Los responsables políticos tenemos que aplicar la ley. Hay funcionarios que hacen su trabajo y cumplen con la ley. Presuponer que el interventor de la Seguridad Social, los funcionarios, los fiscales y los jueces están en manos de una actitud concertada para perjudicar a una persona están fuera de lugar".

Por último, el máximo representante de la Seguridad Social sentenció que no contempla la posibilidad de que la junta directiva de la MAC no cumpla con el plazo de 15 días para el nombramiento de los sustitutos y el de 45 para presentar un plan de actuación para subsanar las irregularidades detectadas. En esta línea, arguyó: "Creo que lo que al final se va a hacer es presentar la mejor candidatura posible, y, de hecho, nos gustaría que ésta contara con el apoyo del colectivo empresarial canario, del Gobierno regional, así como de la propia Administración de la Seguridad Social".