El 33% de los ciudadanos justifica el fraude fiscal, especialmente si es para salir adelante ante las dificultades económicas (28%) y, en menor medida, porque considera que lo normal es evadir impuestos (5%), según el Barómetro Fiscal de 2008, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y publicado ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que son los profesionales autónomos y los parados los que se muestran más proclives a justificar el fraude, con un 35% de los encuestados, frente a los asalariados (29%).

Más aún, un 39% de los encuestados cree que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles. Esa percepción es, además, común a todos los segmentos de ocupación.

Por otra parte, el 83% de los españoles cree que no se deben subir los impuestos para hacer frente a la crisis económica, y la mayoría apuesta por otras medidas de ahorro, como la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Según el estudio, una mayoría de los ciudadanos cree que todavía existe algún "margen de maniobra" del Gobierno antes de plantear una modificación de los impuestos o de las condiciones de los servicios públicos.

Lo público mejora

Asimismo, el 52% de los entrevistados por el IEF cree que su situación personal empeorará a lo largo de este año, mientras que el 62% está convencido de que la economía española seguirá cayendo.

Destacan por su pesimismo sobre el futuro de la economía del país los ciudadanos de entre 55 y 64 años (75%) y los residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes (73%). Los más optimistas en este aspecto son los jóvenes y los residentes en ciudades de entre 200.000 y 500.000 habitantes, con un 13%, y quienes han hecho estudios secundarios superiores (12%).

El barómetro también se ocupa de evaluar la calidad de la oferta pública de servicios y prestaciones. El 57% de los españoles cree que ésta ha mejorado en los últimos cinco años. En su conjunto, el grado medio de satisfacción es de 2,7 puntos (en una escala del 1 al 4), lo que supone un descenso respecto a la nota recibida en 2007, en la que era de 2,8.

Aunque es alta la proporción de ciudadanos que cree que los servicios públicos han mejorado, ha disminuido la valoración del acceso universal a ellos, que apoyan el 63% de los encuestados, frente al 79% de 2002. La sanidad es el servicio con mayor margen de mejora.