El 86,3% de las pequeñas y medianas empresas (pyme) españolas que se han dirigido a las entidades financieras durante los últimos tres meses para obtener financiación externa han tenido problemas para conseguirlo y el 11,2% de las mismas no la obtuvo, según una encuesta dada a conocer ayer sobre esta materia y elaborada por el Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) por encargo del Consejo Superior de Cámaras.

El estudio sobre el acceso de estas empresas a la financiación ajena, en el que han participado 1.660.000 empresas de menos de 250 trabajadores, señala que el 78,1% de estas pymes trató de acceder a la financiación externa entre marzo y mayo de este año.

El volumen de financiación conseguida se redujo para el 43,5% de las empresas que acudieron a las entidades financieras, mientras que el coste de financiación se incrementó en el 58% de los casos.

Por su parte, los gastos y las comisiones se han encarecido en los últimos tres meses para el 65,3% de las empresas (847.000), y las exigencias y avales han aumentado para el 88,3% (1.145.000 compañías). Del total, al 26,9% de las pymes se les ha requerido una garantía personal.

Además, se ha dilatado el plazo de la respuesta de la entidad financiera para el 57% de las pymes (740.000 empresas), mientras que al 8,5% (110.000 compañías) se les ha exigido un plazo de devolución más reducido.

Refinanciar la deuda

Sobre el destino y las causas de la financiación, el estudio revela que el 78,3% de las pymes (1.016.000 compañías) ha necesitado recursos externos para financiar circulante, mientras que un 32,3% lo requirió para financiar proyectos de inversión y un 8,8%, para refinanciar la deuda.

De las pequeñas y medianas empresas que solicitaron recursos externos en los últimos tres meses, el 87,3% experimentó un retraso en los pagos de sus clientes, mientras que el 66,7% de las proveedoras de la Administración pública tuvo problemas para efectuar el cobro (en abril este porcentaje fue del 94,8%), siempre según los datos contenidos en el informe encargado al Centro de Estudios Económicos Tomillo por el Consejo Superior de Cámaras.

En concreto, el 54,4% tuvo problemas con la Administración local, el 29,9% con la autonómica y el 11,4% con la estatal. El retraso medio en la Administración local y autonómica se situó cerca de los seis meses y medio, mientras que se reduce a cinco meses en el caso de la Administración central.