El proyecto de simplificación administrativa debe eliminar de una vez por todas los "costes ocultos" que para un empresario esta teniendo, muchas veces, la ineficacia de la administración. Así lo advirtió ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín, que recordó que en fechas recientes esta institución ya hizo público que la excesiva burocratización de los trámites administrativos supone un "gravamen" de 300 millones de euros anuales a las empresas isleñas y ocasiona que más del 40% de las iniciativas empresariales no vayan más allá del papel.
Los expertos de la institución cameral, prosiguió Ignacio González Martín, consideran "especialmente llamativo el calvario burocrático al que están sometidos los sectores de la construcción y la industria. Desde el año 1995 se han aprobado cinco leyes urbanísticas en Canarias, sin contar las sectoriales, tres reglamentos y un par de modificaciones sobre los textos legales aprobados".
Subsidiariedad
"Un exceso normativo que ha derivado en una parálisis insostenible en el manejo del suelo", apostilló. A todo esto se suma, continuó, el modelo competencial de Canarias, que es uno de los más complejos de España.
De ahí que desde la Cámara se apueste por identificar y derivar cada trámite a aquella administración más cercana, según el principio de subsidiariedad europeo. Según una encuesta de la Cámara, el denominador común de las quejas que expresan los empresarios es la desproporción que existe entre las exigencias de los trámites y la capacidad de las empresas, la complejidad de la legislación y las obligaciones obsoletas o que se consideran innecesarias.
Así las cosas, la aprobación, el pasado 30 de abril, del decreto por el que se establecen Medidas ante la Crisis Económica y de Simplificación Administrativa por parte del Gobierno ha sido acogida con satisfacción por la Cámara de Comercio, que considera que es absolutamente necesario seguir profundizando en una reforma de la administración pública en Canarias, sobre todo en un momento en el que la situación económica exige más que nunca respuestas rápidas y eficaces.
La Cámara confía en que los primeros pasos que se están dando en el proyecto de simplificación de los trámites administrativos, aprobado por parte del Gobierno de Canarias, contribuyan a generar una mayor fluidez en las contrataciones públicas, en la concesión de ayudas y subvenciones a las empresas, así como en el estímulo a la inversión productiva. No obstante, González Martín considera que, aunque el nuevo decreto del Gobierno sobre simplificación administrativa es importante y marca una dirección acertada, supone "tan sólo una gota en el océano burocrático que inunda a la iniciativa empresarial canaria". De hecho, la burocracia resulta particularmente engorrosa para las pequeñas y medianas empresas y constituye una de las principales barreras a la actividad empresarial de las Islas.