La junta de gobierno de la actual Federación de Lucha Canaria que preside Juan Ramón Marcelino moverá ficha. La auditoría realizada, entre 2012 y 2016, a la gestión de la anterior, cuyo máximo cargo ostentaba Germán Rodríguez, ha deparado que se exijan responsabilidades en los tribunales.

Según palabras del responsable jurídico del actual ente federativo, Eligio Hernández, "se ha cometido un delito", a la vista "de que el estado contable era absolutamente irregular". Además, "no había una distribución de competencias. El presidente lo hacía prácticamente todo él mismo".

De este modo, en primer lugar, y a comienzos de año, "vamos a poner una demanda de responsabilidad civil. Pediremos los daños y perjuicios que se han producido como consecuencia de las irregularidades que se han detectado. Demandaremos al presidente -Germán Rodríguez-, a los tesoreros y a los vocales de la anterior Federación. También al auditor, que auditó las cuentas de la Federación y no puso de manifiesto las irregularidades que hemos detectado", señaló Hernández.

Por otra parte, aunque "sine die", se presentará una "querella criminal por el presunto delito de malversación de fondos públicos y la utilización indebida de las cuotas pagadas por los clubes", añadió.

Esta última medida aguardará por la sentencia del Tribunal Supremo acerca de una deuda -95.000 euros- con el Consorcio de Seguros. Una decisión positiva o negativa cambiaría la forma en la que se presentará dicha querella.

Y es que el expresidente Rodríguez "reconoció" dicha deuda "unilateralmente, sin ninguna autorización de la junta de gobierno ni de la Asamblea", comentó el abogado federativo, ocasionando una sentencia condenatoria.

Esta "no es firme porque está recurrida ante la sala primera del Tribunal Supremo, pero sí se puede ejecutar provisionalmente". De hecho, ya se han embargado 54.000 euros de las arcas federativas y existe una orden de otros casi 70.000 -incluye costas e intereses del proceso- que haría mucho daño a la Federación.

"Ha sido admitido a trámite nuestro recurso de casación y está pendiente de resolución. Hemos planteado algo que no tiene precedentes en la historia federativa de España. Entendemos que las subvenciones son inembargables, en base a la Ley de Hacienda canaria, que dice que son inenbargables las cuantías de las subvenciones. Estas se deben a los fines para los cuales se han otorgado. Pedimos que los embargos se anulen", declaró Eligio Hernández.

De 318.000 euros de deuda a unos 75.000

El presidente de la Regional, Juan Ramón Marcelino, dijo que de los 318.000 euros que había de deuda cuando su plancha cogió el mando federativo se ha pasado a 75.000. El compromiso con Allianz -149.000- ya está solventado. El Gobierno de Canarias subvencionó 119.000 -el resto hasta llegar a los 130.000 otorgados se destinó a la auditoría-, mientras que la Canaria ya había adelantado 30.000 que había en caja. Por su parte, quedan por satisfacer poco más de 24.500 a Generali, unos 10.000 a Viajes Halcón -no se van a abonar mientras no haya facturas que lo acrediten- y unos 40.000 al Consorcio de Seguros -sin contar costas e intereses-.