"La pasión nos une". Así terminaba en 2009 la presentación de la candidatura olímpica de Río de Janeiro. Brasil estaba de moda y disfrutaba de un "boom" económico. Hoy es un gigante a la deriva, ahogado por una crisis sin precedentes en décadas.

El entonces presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, se volcó para conseguir que Brasil fuera el primer país suramericano en acoger unas Olimpiadas: Los Juegos, dijo, son para toda Suramérica.

El Gobierno de Lula presumía de que el país sería la quinta economía mundial cuando se celebraran los Juegos y de que podría reducir el impacto de factores que podían empañar la convocatoria, como la inseguridad y la violencia.

Al año siguiente, Brasil creció un 7,5 por ciento, convertido en la locomotora suramericana.

Pocos podían imaginar que a falta de poco más de cien días del inicio de las Olimpiadas, el gigante suramericano naufragaría en una crisis política, económica y social sin precedentes en un cuarto de siglo.

El expresidente Lula, el mandatario más carismático del país en décadas y el político mejor valorado por la población, trata ahora de esquivar la acción de la Justicia salpicado por casos de corrupción.

Su ahijada política, la presidenta Dilma Rousseff, está a un paso de ser desbancada del poder, y su vicepresidente, devenido en su principal verdugo, Michel Temer, podría asumir pero afronta también una amenaza de juicio de político.

Cerca de la mitad del Congreso que ha colocado a Rousseff al borde del abismo tiene asignaturas pendientes con la Justicia, en su mayoría vinculadas con un escándalo de corrupción en Petrobras que ha indignado la sociedad.

Como telón de fondo, una crisis económica alimentada por la caída internacional de los precios de las comodities y del petróleo, que llevó a la economía al estancamiento en 2014 y a una caída del 3,8 por ciento el pasado año, el mayor desplome en un cuarto de siglo.

En el último año, el desempleo ha crecido un 40 por ciento y afecta a casi 10 millones de personas, y las previsiones no son muy alentadoras para los próximos meses: una contracción del 3 por ciento en la economía y una inflación próxima al 8 por ciento.

Datos que han obligado a un severo ajuste y que han llevado a la bancarrota a algunas administraciones estatales, como la de Río de Janeiro, que se ha visto obligada a retrasar el pago de los salarios a sus empleados públicos, incluida la policía.

En medio de este terremoto político y económico, los distintos niveles de gobierno -tanto federal, como estatal y local- tratan de mantener la batalla contra la violencia y la inseguridad, que requiere de recursos millonarios.

En 2009, organizaciones civiles denunciaban más de 7.000 asesinatos en el estado de Río de Janeiro -con 15 millones de habitantes-, en su mayoría cometidos en su capital.

El pasado año, las autoridades se felicitaban porque en la ciudad de Río -con unos 6 millones de habitantes- se contabilizaron 1.200 asesinatos -sin contar las muertes en asaltos o a manos de la policía-.

Pese a que la cifra es escalofriante, es significativamente más baja que los 4.000 de media que se registraban hace una década.

Pero la lista de muertos no deja de crecer y la alarma social tampoco.

El asesinato de una joven argentina en la playa de Copacabana en un asalto, el pasado febrero, colocó el tema en las portadas de la prensa internacional.

Poco después, una turista croata fue baleada en el barrio de Gávea y esta misma semana tres personas han resultado heridas de bala en un asalto a un supermercado en Ipanema.

Mientras, el temor a un recrudecimiento de la violencia en las favelas aumenta, en parte por el relajamiento de la vigilancia de la policía, que ha visto recortado su salario por la crisis del estado de Río de Janeiro y ha reducido horarios.

El ajuste ha llegado también a la organización de los Juegos, y el comité olímpico brasileño se aprieta el cinturón mientras el alcalde de Río, Eduardo Paes, presume de que buen parte de las inversiones han salido de manos privadas.

Muchas de esas manos -algunas de las constructoras más importantes del país- están ahora en apuros con la Justicia por sus vínculos con la corrupción en Petrobras.

En 2009, cuando Brasil se hizo con la candidatura olímpica, nadie pensó que Río entraría en la lista de amenazados potenciales por el Estado Islámico (Isis), y sin embargo, las autoridades han reconocido que la amenaza es cierta y Ejército está en alerta y hace práctica antiterroristas para proteger a los 10.000 atletas de 200 países convocados para competir en las 28 disciplinas de los Juegos.

Tampoco era imaginable que el país sufriera el azote de plagas como el dengue, el zika y ahora también la gripe A.

Una "tormenta perfecta" que, sin embargo, según la todavía presidenta Rousseff, no impedirá que Brasil tenga "los mejores juegos del mundo".

Pero cuando empiecen los Juegos, el próximo 5 de agosto, es probable que Rousseff ya haya sido desbancada de la Presidencia del país.