El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Gobierno de Cantabria reconoció la subvención de los años 2011, 2012 y 2013 al Racing de Santander sin comprobar si la situación económica del club de fútbol mejoraba, requisito que establecía el convenio que había suscrito con el Ejecutivo regional.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha comparecido hoy en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal Cuentas para dar cuenta del informe anual de Cantabria en los años 2010 y 2011, ejercicios en los que encontró irregularidades en materia de contratación por parte del Ejecutivo cántabro.

En su comparecencia, ha comentado que el fiscal ha solicitado la apertura de diligencias por la contratación de personal sin convocatoria pública en la empresa pública Emprendinser, en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, así como en la adjudicación injustificada de un contrato.

En el caso del Racing, Álvarez de Miranda ha indicado que su convenio con el Gobierno cántabro impedía hacer nuevos abonos al club sin acreditar que la situación económica de la entidad se hubiera fortalecido, pero sin embargo se hizo.

En su respuesta a los parlamentarios, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado las aportaciones del Ejecutivo cántabro al club, entre ellos 17,5 millones de euros para adquisición de marcas y derechos o 6,7 millones de un préstamo participativo, "prácticamente irrecuperables", pues el club está en concurso de acreedores.

Como en informes anteriores, el órgano fiscalizador cuestiona la gestión presupuestaria de la comunidad por la posibilidad de reordenar el presupuesto aprobado mediante modificaciones de crédito.

De hecho, en 2010 se incorporaron remanentes de crédito por 72 millones de euros sin que existiera financiación para ello.

En cuanto a la contratación, el Tribunal aprecia irregularidades que afectan a la definición de los criterios de adjudicación, a la ausencia de preceptivos informes justificativos de la necesidad de la contratación y, en materia de ejecución, a demoras no justificadas y las modificaciones sin acreditación de nuevas necesidades.

Según el senador del PP y exalcalde de Santander Gonzalo Piñeiro, hubo casos en los que se declararon obras de urgencia sin siquiera tener terrenos expropiados o sin declaración de impacto ambiental.

El Tribunal de Cuentas recomienda que se especifiquen los métodos de asignación de puntos en los procesos de contratación y que se primen las mayores bajas económicas.

Respecto al empleo de las encomiendas de gestión, el órgano fiscalizador sostiene que deben dejar de usarse para la prestación de servicios públicos y limitarse a concretas actividades materiales.

La parlamentaria socialista María del Puerto Gallego ha acusado al actual gobierno cántabro de haber emprendido una campaña de "desprestigio y caza de brujas sin precedentes que aún continúa" contra el anterior Ejecutivo, sobre todo por la situación del Racing de Santander.