Los responsables de los medios de comunicación apuestan de forma prácticamente unánime por la autorregulación en cuestiones de ética periodística, pero más de la mitad de los medios carecen de un código deontológico plasmado por escrito e identificado por los trabajadores como tal.

Así se desprende del estudio "La ética en la empresa periodística y sus profesionales", que han elaborado las empresas Estudio de Comunicación y Servimedia en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), cuyas conclusiones se han presentado hoy en un curso de verano sobre la ética, la credibilidad y la confianza en los medios de comunicación, que ha comenzado en El Escorial (Madrid).

El curso ha sido inaugurado por la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, quien ha subrayado la importancia de que los profesionales de la comunicación actúen con criterios éticos y de credibilidad para lograr la confianza de los públicos a los que se dirigen.

Frente a la "revolución" que a su juicio supone la multitud de redes y plataformas por las que circulan infinidad de mensajes, la secretaria de Estado ha abogado por una "vuelta a lo clásico" y por diferenciar los medios "serios" de los que no lo son en función de esos criterios (ética y credibilidad).

En la sesión inaugural ha intervenido también la defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, quien ha corroborado el papel de los medios de comunicación como garantes de los valores democráticos.

Cava de Llano ha sido muy crítica sobre todo con las televisiones, por los excesos que cometen -sobre todo publicitarios y de contenidos inapropiados para determinadas franjas horarias-, por no garantizar la adecuada protección de la infancia y de la juventud, y por no respetar los límites legales.

Tras declararse partidaria de la autorregulación, ha subrayado que la práctica ha puesto de relieve esos incumplimientos reiterados.

En este sentido, ha reiterado su propuesta de crear una autoridad independiente que vele por los contenidos de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, para garantizar la adecuada protección de los niños y de los jóvenes, y por que esa autoridad tenga competencia para imponer sanciones por los incumplimientos.

El estudio presentado en el citado curso de verano se ha realizado a partir de las entrevistas realizadas a directores, editores y defensores de los usuarios de 35 medios de comunicación españoles pertenecientes a veinte grupos editoriales.

Entre ellos, periódicos generalistas nacionales (El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, ABC, La Razón o La Gaceta), generalistas locales, varios diarios deportivos, económicos, televisiones (TVE, Telecinco, Antena 3, La Sexta y Cuatro) y algunas cadenas de radio (SER, COPE, Onda Cero y RNE).

Las conclusiones ponen de relieve que la crisis está afectando negativamente al desarrollo de la ética periodística y que, independientemente del cargo, los profesionales del sector se inclinan por un sistema autorregulatorio en cuestiones de ética periodística.

A pesar de esa inclinación, sólo el 46 por ciento de los medios encuestados disponen de un código deontológico, aunque el 60 por ciento de ellos cuenta con "manual de estilo".

La encuesta subraya además que la mitad de los directores y todos los editores creen que no es necesario que exista una figura específica que vele por el cumplimiento de los principios de ética deontológica.

También revela que los medios de comunicación que cuentan ya con la figura del "defensor del usuario" son precisamente los más predispuestos a tener en cuenta la opinión de su audiencia en cuestiones de ética periodística y los que tienen abiertos más canales de diálogo con los usuarios.

Los "defensores" son los más proclives a la autorregulación, mientras que los directores se inclinan por que esa regulación tenga un carácter más orientativo que normativo y rechazan cualquier elemento que pueda suponer una amenaza a la libertad de información.

La encuesta refleja el rechazo prácticamente unánime a la existencia de órganos reguladores con competencias jurídicas y subrayan la importancia de la transmisión oral de los principios éticos a través del diálogo, el trabajo en equipo y el ejemplo de los profesionales más veteranos.