"Únicamente se actuará contra estructuras empresariales organizadas y donde el nivel de infracción resulte masivo". Así lo ha explicado Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad de Autores y Editores (SGAE), quien presentó ayer el programa diseñado por su entidad para 2011.

De esta forma, el organismo de gestión no emprenderá acción alguna de carácter penal contra usuarios individuales o personas físicas en el ámbito digital, tendrá un código de buenas prácticas y nombrará un defensor del cliente.

Bautista avanzó que el código de buenas prácticas estará en línea con las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia y su fin será intensificar la información de sus sistemas de reparto con una explicación detallada de las reglas que se aplican para garantizar que el dinero que se cobra por el uso de las obras llegue a sus dueños. La publicación de estos datos se realizará tanto en la página web de la entidad como a través de los medios.

En el curso del acto, Bautista admitió que la entidad está en "un claro proceso de cambio".

Arteria: mayor inversión

Conforme a su decálogo, la SGAE también prevé intensificar las líneas de actuación ya emprendidas para que los socios puedan distribuir su música y películas en internet en las condiciones más adecuadas y desarrollar específicamente una política de promoción de los autores en aquellos espacios en los que la SGAE ha invertido en los últimos años.

A este respecto, Bautista destacó que Arteria, nombre de la red de espacios SGAE, es la "mayor inversión cultural privada" realizada en su ámbito.

Para Bautista, internet "no es un invento". "Se creó como una herramienta de seguridad militar y hoy es el negocio más grande configurado en la historia de la humanidad". Sin embargo, aclaró que lo que hay que hacer es "regularlo y evitar que sirva para enriquecer a unos y empobrecer a otros".

En este sentido, alertó de que lo importante "no son los elementos tecnológicos sino el internet ontológico", por lo que se requiere que "los contenidos culturales no sean el pasto que se echa a las vacas".

Asimismo, en su opinión "es el Estado quien tiene la obligación de enseñar a la ciudadanía a respetar la propiedad intelectual. No se nos puede pedir a las entidades de gestión que nos dediquemos a esto", concluyó.