Imagine usted que tiene una casa en una zona turística y se la alquila seis meses a un señor de Extremadura. Es un arrendamiento tipo, liquida sus impuestos y aquí paz y en el cielo gloria. ¿Y qué pasa si el señor es de Oslo? En principio es lo mismo; un contrato sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). ¿Pero qué ocurre si en vez de arrendarla por seis meses a una persona la alquila usted durante ese mismo tiempo a varias personas, pongamos veinte, procedentes de diversos países? Entonces usted estará haciendo "alquiler vacacional" y será el objetivo de una administración que quiere ponerle la zancadilla.
La LAU contempla de forma "especial" los contratos que sean "cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial". El legislador dejó la puerta abierta a que cada comunidad autónoma haga de su capa un sayo haciendo normas específicas sobre ese nuevo modelo de negocio.
Que las familias puedan alquilar sus viviendas para uso turístico democratiza el negocio, introduce en los beneficios a las economías domésticas y redistribuye la riqueza que produce el turismo. Es verdad que tiene sus consecuencias, porque no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. La industria hotelera teme con razón que afecte su oferta, que es la que crea la mayor cantidad de puestos de trabajo en las Islas.
Se proponen cosas tan curiosas como que las viviendas vacacionales no estén en las zonas turísticas (o sea, hacer negocio donde no está el negocio) y al mismo tiempo, en ciudades como Barcelona, denuncian los conflictos que se producen cuando se mezcla el residencial tradicional con el trasiego de turistas que entran y salen de la vivienda de al lado. Malo por allá y malo por aquí.
Toda Europa, desde Lisboa a Venecia, está plagada de viviendas en alquiler vacacional. El fenómeno es de tal magnitud que resulta imparable. La existencia de internet ha incrementado la soberanía del viajero que dispone de más información del sitio a donde va, de lo que quiere alquilar y de sus condiciones. La red permite, literalmente, ver dónde vas a estar, cuál es su mobiliario, su distribución y su localización. Y las grandes plataformas actúan de intermediarios entre los pequeños propietarios que alquilan una o varias viviendas y los clientes que consultan en sus bases de datos y realizan el pago a su través. En Canarias tenemos ya más de ciento treinta mil camas disponibles en ese nuevo modelo de negocio. Va a ser muy difícil ponerle puertas a ese campo. Y más difícil que, aunque las pongas, se mantengan cerradas.
Lo peor que tiene el futuro es que no se puede parar.