La causa judicial abierta contra Islas Airways por un presunto fraude al Estado tiene dos vertientes muy distintas. La primera es que se pruebe la existencia de "viajeros fantasma". Es decir, que se pueda acreditar que en los aviones de la compañía que ya desapareció viajaron pasajeros que en realidad no estaban; un pasaje ficticio que habría engordado la facturación para cobrar la parte de la subvención del billete que correspondía al erario público. Si eso se probase, las cosas no pintarían muy bien para el propietario de la compañía, Miguel Concepción.

Otro asunto es cuando se acusa a Islas de haber hecho rebajas al precio del billete para los viajeros, pero no para la parte que correspondía a la aportación de fondos públicos. Porque eso parece discutible y además afectaría, en caso de condena, a otras grandes compañías que al parecer hacían lo mismo.

Si uno se mira el galimatías de las disposiciones legales al respecto de este tema, lo que saca en claro es que el Estado subvenciona tarifas. Eso quiere decir que sobre una tarifa determinada las administraciones públicas aportaban el 50% del precio de la misma. Si después el transportista decidía aplicar una rebaja al billete para el usuario, es más que discutible que tuviera que aplicar el mismo descuento a la subvención.

Dicho de otra manera, si los transportistas, al bajar el precio del billete para el viajero tuvieran que bajar lo mismo de la parte de la subvención, lo que se estaría planteando es un sistema que tendería -por pura lógica- a que ninguna compañía, salvo que fuera extremadamente idiota, rebajara los precios a los viajeros, porque estaría perdiendo dinero por dos partes: lo que le abarataría al viajero y lo que dejaría de pagarle la administración. Y un sistema que impidiese las ofertas que abaratan el precio de los billetes para los usuarios sería malo de solemnidad. Y contra toda lógica.

Será la vista del juicio la que determine finalmente la verdad judicial sobre este asunto. Y la verdad judicial, en ocasiones, guarda muy poca relación con la lógica de las cosas. Pero, en todo caso, la enseñanza que nos dejó la experiencia de Airways es que el sistema de subvenciones al transporte aéreo en Canarias adolecía de los controles y tutelas necesarias por parte de la administración.

Luego el Ministerio de Fomento decidió cargar sobre las costillas de los canarios sus propias frustraciones. Durante meses nos hicieron viajar con un certificado de residencia indígena en los dientes, para probar que realmente vivíamos en las Islas. Se dijo que era a causa del caso de Islas Airways, pero es una milonga. Esa compañía no volaba a la Península. A los viajeros canarios se les puso bajo sospecha y presunción de culpabilidad de una forma absolutamente deleznable a causa de la incompetencia del Ministerio de Fomento. Ahora veremos el fin de esta historia. Y puede que el principio de otra.