El imperio de la ley es el que nos hace libres. Por eso es tan importante que las leyes sean esencialmente justas en su aplicación y que los ciudadanos tengan esa percepción. En una sociedad donde todo se debate, es difícil de admitir el principio de ''Roma locuta, causa finita''. O lo que es lo mismo, que cuando hablen los jueces -no la justicia- se calle todo el mundo. Los jueces no son la ley. La administran como servidores públicos. Y los últimos años en la vida de estos profesionales, con idas y venidas a la política, guerras internas en el gremio y grabaciones escandalosas, han dañado perceptiblemente su imagen.

El presidente de la Audiencia, Astor Landete, ha entrado en la polémica pública sobre el derribo del edificio de aparcamientos públicos en Las Teresitas. Y lo ha hecho afirmando que quienes opinan que es un disparate derribarlo (entre otros tres ex alcaldes de Santa Cruz) están llamando a la desobediencia judicial, lo que considera una irresponsabilidad. Pero, a mi juicio, considerar que una sentencia no debe despilfarrar el dinero de los ciudadanos -a los que sirve la Justicia- no parece una llamada a la rebelión sino a la reflexión. Es una apelación al sentido común que parece que estamos perdiendo de forma irreparable.

El caso del "mamotreto" es un contencioso administrativo de libro. Es un edificio público hecho por una corporación pública, en suelo público, que invade unos metros la servidumbre pública de Costas. Como se aprecia todo es público por todos lados. Las dos administraciones, ayuntamiento y Costas, tenían un convenio para operar conjuntamente en la zona de la playa y repartirse las cargas de las obras. En cualquier otro momento de la historia pasada, lo del mamotreto se habría arreglado con un acuerdo entre administraciones. Que haya acabado como una causa penal y con gente en la cárcel es un misterio que analizarán los libros de la historia pequeña de nuestras grandes miserias actuales.

El ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, defensor de uno de los acusados, señalaba esta semana la incoherencia de un caso similar que ha terminado en agua de borrajas. El Ayuntamiento de Las Palmas construyó en dominio público de Costas un conjunto de piscinas y paseos peatonales, obras denunciadas por el Seprona. El caso, similar al del mamotreto, terminó en amistoso acuerdo entre las pares sin que la Justicia entendiera que se había cometido ningún delito. ¿Por qué allí no y aquí si? Misterios de la geografía jurídica.

No es el único caso, desde luego. Hace no mucho nos enfrentábamos a una sentencia que tras analizar la construcción en La Orotava de parte de un centro comercial en suelo rústico concluía en el mantenimiento de lo construido. Parece lo sensato porque el daño que se haría con el derribo sería superior al que se causa manteniendo la construcción. Cuando uno compara todos estos casos -por mucho que haya matices- la percepción de que existe una sola justicia, igual para todos se desmorona. Y eso, por mucho que ''Roma locute'', nos va carcomiendo lentamente.