En estos días, varias personas me han preguntado sobre el caso de Las Teresitas tras conocer la sentencia en Primera Instancia. No he querido pronunciarme sobre un asunto que conozco de lejos y por referencias, siempre como espectador, sin antes leer con cierto detenimiento la sentencia.

La verdad es que no suelo opinar sobre asuntos judiciales, pero creo que en esta ocasión debo hacerlo, tanto por la trascendencia del caso como por la inquietud que ha generado. Y también, por qué no decirlo, porque pone en cuestión una parte de la gestión de Coalición Canaria en el pasado en la ciudad.

En primer lugar, lo primero que me viene a la cabeza es precisamente eso: lo que hemos querido hacer desde Coalición Canaria en Santa Cruz. La ilusión y el empeño que desde distintas corporaciones municipales de Santa Cruz se pusieron para recuperar ese espacio para el mejor disfrute ciudadano. Todos los chicharreros anhelamos, lo seguimos haciendo, una playa de calidad.

Creo que debo reivindicar el modelo de ciudad que siempre defendió Coalición Canaria y que buscaba una playa sin edificación en el frente de la misma y con equipamientos para hacer una playa para el disfrute de todos. Este objetivo sigue siendo legítimo y necesario y es el que persigue el nuevo Plan Especial que está a punto de aprobarse. Seguimos buscando desde Coalición Canaria el acceso al mar de Santa Cruz y con ello, de manera prioritaria, la rehabilitación y recuperación de Las Teresitas.

Hago en este punto un inciso: tengo que recordar que el proceso de compra del frente de playa y el posterior convenio urbanístico, aunque impulsado por los condenados por la sentencia, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, esto es, no sólo de Coalición Canaria, sino también del PSOE y del PP, buscando de esa forma que el proyecto fuera respaldado por todos. En ese contexto, hay que admitir que el principal propósito de algunos de los que intervinieron desde el Ayuntamiento fue lograr ese objetivo: la recuperación y rehabilitación de la playa para la ciudad.

Yendo ahora a la valoración sobre la sentencia, lo primero que tengo que decir es que la misma me parece clara y contundente. A pesar de que no es firme, pone de manifiesto una serie de hechos por los que condena a los máximos representantes del ayuntamiento y a los empresarios implicados por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La sentencia declara probado que de estos delitos se derivó un grave perjuicio para las arcas públicas y, por ende, un perjuicio claro a los ciudadanos de Santa Cruz.

Sin prejuzgar la decisión que finalmente tome el Supremo, y desde el más absoluto respeto a las garantías del sistema procesal, no puedo amparar ni ser condescendiente con estos comportamientos.

La reparación del daño causado exige que se recupere lo pagado indebidamente, cosa en la que ya está el Ayuntamiento, pero también que se den todos los pasos para que Santa Cruz pueda contar con una playa conforme a las expectativas de los que vivimos en la ciudad. Hay que desarrollar y ejecutar de forma urgente el proyecto de playa según lo establecido en el Plan Especial que está en trámite.

La sentencia nos muestra que las cosas debieron hacerse de manera diferente y que además hay que reforzar los medios para que lo sucedido no pueda repetirse. Las organizaciones políticas existen por y para el bien común, que es algo más que la suma de intereses particulares, individuales o colectivos, a menudo contradictorios entre sí. No debemos olvidar nunca esa búsqueda de aquello que sea útil para la mayor cantidad de gente, lo que permita mejorar la situación de los menos favorecidos y pensando no solo en las generaciones actuales, sino también bajo la perspectiva de un desarrollo duradero para el futuro de nuestra gente.

Este fin de semana celebramos el congreso insular de Coalición Canaria y nos ha servido para poner sobre la mesa nuestro compromiso político. El árbol no puede ocultar el bosque de todos aquellos que seguimos trabajando por el bien común y concebimos esta actividad como un servicio. Denunciar malos comportamientos de cualquier partido, incluido los de la formación política en la que militamos, no equivale a condenar la política en su conjunto, ni justificar el escepticismo y absentismo en la relación con la acción política.

*Presidente del Cabildo de Tenerife