El pronóstico demográfico para España en los próximos 15 años es que la población laboral descenderá en 1,8 millones de personas. Por ello bajará el número de desempleados, pero aumentarán los demandantes de salario social o de jubilación, que será más complicado de sostener, pues supone también una importante caída de ingresos públicos.
Esta noticia es una amenaza para las empresas y, en la antesala de la negociación de los convenios laborales, no podemos negociar solamente una subida salarial, que debe contener elementos fijos y, además, aparejados a la productividad, sino que debemos ampliar sus contenidos reduciendo el coste empresarial de los liberados sindicales, un cambio profundo de la formación que, como todos saben, la paga el empresario.
También debemos negociar sobre la flexibilización de la contratación, eliminando formalismos y posibilitando la flexibilidad horaria y la movilidad geográfica y funcional.
Todo ello para que el Gobierno complemente el despegue de la empresa y el empleo con una rebaja de las cotizaciones sociales y que las mutuas puedan dar el alta en las incapacidades temporales y se reforme la ley de huelga.
Tampoco se puede seguir subiendo los impuestos ni soslayar estímulos fiscales, como el varapalo judicial a la plusvalía cuando no existe incremento de precio, pues las Administraciones Públicas deben asumir que la competitividad pública conlleve la simplificación, el adelgazamiento del gasto, la eliminación de empresas públicas innecesarias y una redefinición del Estado del Bienestar.
Lo que no mató a la economía con la crisis puede culminarlo la excesiva dimensión del sector público y su incapacidad para estimular el crecimiento y el empleo.
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