Esta semana que termina ha incluido una visita llena de satisfacciones: la que, en compañía de algunos de los vecinos afectados, realizamos al nuevo grupo de viviendas impulsado por Muvisa y el Ayuntamiento de La Laguna, que actualmente está en su última fase de construcción, y que tiene como objeto la reubicación de las 56 familiar que en su día debieron abandonar el inmueble conocido como Francisco Javier Centurión. Las viviendas será entregadas a sus propietarios el próximo marzo, pero el sorteo ante notario de las viviendas se producirá antes de las fiestas navideñas. Pronto acabará la larga espera de los antiguos vecinos del Centurión, que en su mayoría fueron realojados por el ayuntamiento momentáneamente en viviendas próximas a San Honorato en régimen de alquiler, y pagando el ayuntamiento el alquiler de dichas viviendas hasta el último euro. Creo que es una evidencia del compromiso de este ayuntamiento con sus vecinos, con todos los vecinos, pero especialmente con los más humildes.

Pero también me gustaría aprovechar esta circunstancia para aclarar algunos puntos del proceso que llevará a estas 56 familias a la propiedad de una vivienda funcional, con más metros cuadrados útiles que la anterior, y adaptadas en su conjunto a una media de edad elevada. Y creo que hay que aclararla porque con este grupo de viviendas se está practicando uno de los casos de demagogia más grotesca y más irresponsable por parte de algunos partidos de la oposición municipal. Me refiero a esas disparatadas acusaciones de "pelotazo", entre otras fantasías, que se han empeñado en verter sobre este proyecto. Desde hace meses, semana tras semana, esa oposición continúa empecinada en un discurso de denuncia y escándalo que no tiene absolutamente ninguna base real. De nuevo las mentiras, de nuevo los infundios, de nuevo las falsedades e inexactitudes intentando hacerse pasar por nueva política lo que no es más que politiquería demagógica. De nuevo intentan sembrar -ahora en San Honorato- la cizaña, la desconfianza y el miedo.

Lo mejor es remontarnos a la historia y a los documentos oficiales.

El grupo de viviendas denominado Francisco Javier Centurión fue declarado en ruina legal en 2006, después de varios años sufriendo problemas en sus estructuras. Después de un estudio de alternativas, se opta por una serie de terrenos vacantes situados en las inmediaciones del grupo de viviendas afectado, evitándose así que los habitantes de las mismas pierdan su hábitat natural. En octubre de 2007 se realiza un estudio previo de viabilidad para la reposición de las 56 viviendas, en el que se establece la financiación del 50% de la actuación a cargo del Ministerio de Vivienda, y muy poco tiempo después, el 10 de diciembre de 2007, se suscribe el protocolo entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar actuaciones de remodelación de barrios en el Archipiélago. Y se aprovecha para hacer coincidir esta actuación con la ampliación de la oferta de viviendas sometidas a protección pública en La Laguna y su entorno, en el marco del entonces vigente Plan de Viviendas de Canarias. Como elemento de participación vecinal en este proyecto es bueno recordar que el 15 de junio de 2008 se convocó un Concurso de Ideas para un proyecto de reposición de 56 viviendas, en cuyo jurado estaba presente un representante de los afectados.

El acuerdo del 17 de noviembre de 2008 de la Comisión Bilateral de Seguimiento declara como Área de Renovación Urbana todo el ámbito territorial de este proyecto y se propone una mayor edificabilidad con destino a viviendas protegidas para ciudadanos de rentas bajas. Finalmente el 17 de diciembre de 2008 se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el ayuntamiento, pero las autoridades de Madrid reducen su aportación a menos de la mitad de la prevista inicialmente: el 24,63%. El 1 de febrero de 2008 se firma el convenio entre el ayuntamiento y Muvisa para llevar a cabo los trabajos consistentes en el desarrollo del acuerdo del 17 de diciembre de 2008 y el 24 de marzo se suscribe el contrato de redacción y dirección de Obra con el Estudio de Arquitectura Juan González Castro.

Ocurre, sin embargo, que las actuaciones que se pretendían, incluido este inmueble, entraban en contradicción con las determinaciones que, para este ámbito territorial, establecía el Plan General de Ordenación. Por eso la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda solicitó la suspensión de las citadas determinaciones -básicamente una altura máxima de tres pisos- según el artículo 47.1 de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacio Naturales de Canarias. Este artículo que cito dispone que el Consejo de Gobierno de Canarias podrá suspender motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su revisión o modificación. Así se hizo, precisamente, con un informe favorable de la Cotmac. Me gustaría insistir en eso: este modificación puntual del PGO se hizo a solicitud de la Consejería de Bienestar Social y contó con un informe positivo de la Cotmac. Esta suspensión puntual del PGO entró en vigor el 4 de junio de 2011. En los años siguientes el proyecto sigue avanzando: obtención de la licencia de obras de proyecto básico (30 de abril e 2013), firma ante notario de la permuta del suelo entre el ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social, donde se ubicarán las 64 viviendas de reposición, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de La Laguna (el 18 de junio de 2013) y acta de replanteo e inicio de las obras (el 22 de julio de 2015).

Es difícil imaginar dónde puede encontrarse señales de "especulación inmobiliaria" y de "pelotazo" en una operación de reposición de viviendas públicas, sobre suelo público, que se entregarán a los vecinos beneficiarios gratuitamente. ¿Dónde está el escándalo y por qué se empeñan en embarrar una iniciativa como esta que tiene como exclusivos beneficiarios a los que fueron vecinos del Francisco Javier Centurión? Respecto a los otros dos inmuebles que se reservan en este ámbito respondían a un mecanismo ideado para obtener financiación para complementar el presupuesto de reposición de las viviendas del Centurión. Una vez que el Ayuntamiento lagunero decidió asumir el nuevo grupo de viviendas con fondos propios, la construcción de los dos inmuebles perdió interés. En todo caso basta con molestarse en leer el Boletín Oficial de Canarias del 3 de junio de 2011, que incluye la normativa aplicable en sustitución de la suspendida: el uso característico para este ámbito es el residencial, obligatoriamente adscrito a viviendas con algún régimen de protección pública. Por último, quiero dejar claro, aunque ya lo he hecho en varias ocasiones, que los locales de este edificio no van a tener un uso comercial ni se venderán a personas o empresas privadas: tendrán un uso público como corresponden a su titularidad pública.

Por tanto, ni especulación inmobiliaria, ni pelotazo urbanístico, ni cemento inundando San Honorato: en este ámbito territorial, es decir, alrededor del flamante grupo de viviendas, las zonas verdes pasarán de 3.155 metros cuadrados a 6.475 metros cuadrados. Esta forma de oposición política, basada en la desinformación, la mentira y el miedo, no contribuye en absoluto a mejorar la calidad de nuestra democracia o de nuestra gestión pública. No se puede construir una alternativa política basándose en la ignorancia y los prejuicios. En todo caso, y cumpliendo con nuestro compromisos con los vecinos de San Honorato y de toda La Laguna, nosotros vamos a seguir trabajando, y prestando una especial atención a la política de vivienda en nuestro municipio. Esperemos que todos podamos vernos en la entrega de las viviendas a principios de la primavera que viene.

*Alcalde de La Laguna