Tenemos una discusión abierta sobre el empleo en la que no nos ponemos de acuerdo si primero fue el huevo o la gallina.
Los empresarios tenemos claro tres cosas. Una, las consecuencias derivadas de la contratación laboral; otra, la necesidad de unas políticas activas de empleo eficientes y, por último, y no menos importante, los efectos negativos del absentismo y economía sumergida.
En cuanto a la contratación, tenemos que garantizar la viabilidad de nuestro proyecto, tanto por el coste que añadimos a nuestro proceso productivo cuando contratamos como a las cargas sociales que soportamos, y añadir los costes de extinción del contrato en caso de que no se den las previsiones de desarrollo, e incluso de los costes de extinción de los contratos temporales si se confirman cambios legislativos en España después de la sentencia europea que obliga al pago de idéntica indemnización entre temporales y fijos.
El empleo debe venir apuntalado por un crecimiento económico ordenado y sostenido de la mano de unos incentivos económico-fiscales que inciten a la contratación y favorezca la consolidación de proyectos empresariales para que, a su vez generen empleo estable, y aderezado de la eficiencia en la Formación Profesional, universitaria o para el empleo, y una potente herramienta para la orientación e inserción laboral.
La economía sumergida produce una distorsión de la competencia empresarial, esfuerzo fiscal de las familias, en la recaudación presupuestaria por parte de las administraciones públicas y genera un exceso de cargas laborales así como una tasa de desempleo alejada de la realidad.
Se debe elaborar un Plan de Actuación con las medidas y controles bajo el principio de corresponsabilidad de todas las partes implicadas (administraciones públicas, empresarios y trabajadores).
Teniendo especial consideración con la relación existente entre los mayores tipos impositivos y menor cumplimiento fiscal, además de que un aumento de los requisitos formales en materia de cumplimiento de estas obligaciones, la elevada regulación y los numerosos trámites burocráticos que incentivan a todos los implicados a eludir su necesaria responsabilidad social.
Y el absentismo que, sin duda, ayuda a mantener la economía sumergida, debe paliarse con medidas. Desde establecer un procedimiento sancionador por la utilización fraudulenta de la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes similar al que existe por uso fraudulento de la prestación por desempleo, otorgar la potestad a las Mutuas de tramitar altas médicas, recomendar que en los acuerdos laborales, "incluyan en la política retributiva criterios relacionados con los índices de absentismo", hasta articular un siste-ma de control e inspección médica de las bajas laborales.
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