En nuestra sociedad se ha instalado una especie de fanatismo que afecta, como un virus letal, al sentido común de la gente. Nos hemos dividido en facciones irreconciliables, como si pensar distinto fuera una traición a la manada, como si el del equipo contrario no fuese un vecino sino un marciano.

Pero de todas las cosas que fallan en esta sociedad, lo peor es el naufragio de una justicia infectada por la partitocracia, el chismorreo y el tráfico de favores y odios mutuos. Las más altas instancias judiciales canarias están hoy exhibiendo sin pudor las miserias propias de ese virus del descrédito, con todas sus secuelas de enfrentamientos personales, denuncias mutuas, acusaciones y jugarretas. Mientras cientos de jueces anónimos luchan contra la escasez de recursos y de personal para solventar litigios, la imagen de una selecta minoría deja su profesión a la altura de un zapato.

Las puertas giratorias entre la justicia y la política, cuyas barreras fueron derribadas por el último Gobierno de Rodríguez Zapatero, permiten hoy pasar de la toga al escaño y del escaño a la toga sin solución de continuidad. Pero ese no es el problema. Lo grave es que los jueces que están en política no juzgan, pero hay jueces que juzgan haciendo política. El llamado "caso Alba" es un escándalo de magnitudes bíblicas. Un empresario acusado de presuntos delitos que se cabrea con una jueza por no hacerle determinados favores, que conspira contra ella y que graba en sede judicial a un juez al que le pide los mismos favores a cambio de cargarse a la anterior jueza. Un juez que graba a otros jueces y a abogados. Conversaciones transcritas donde se establecen estrategias, se ventilan venganzas entre magistrados y se conciertan acuerdos... Si no fuera porque hablamos de profesionales que tienen en sus manos la libertad, la hacienda, el honor y la vida de las demás personas, todo esto sería una comedia de enredo digna de Jardiel Poncela.

La imagen de quienes deben ser garantes del sentido común y la prudencia se está deslizando por una vertiginosa pendiente de exhibicionismo y escándalo. Los jueces tienen un poder casi omnímodo sobre los casos que enjuician y precisamente por eso, su neutralidad y objetividad son referencias esenciales. Esa apariencia se está yendo a freír puñetas con un vendaval de miserias que promete nuevos y escandalosos capítulos si es que, como se dice, hay muchas más grabaciones a la espera de ver la luz.

El escándalo es de tal magnitud que sólo el hecho de que Canarias sea una tierra olvidada de dios y de Madrid impide que estemos protagonizando hoy los informativos y las portadas de la prensa nacional. Y que las islas sean, además de un exotismo ignorado, un país de incalculable estulticia, explica que a estas alturas ni un solo partido político haya planteado en el Parlamento --ese donde tantas cosas inanes se discuten-- un pronunciamiento de alarma e indignación ante el espectáculo que está ofreciendo en esta tierra uno de los pilares del Estado de derecho.