Hay un hecho objetivo en materia de Sanidad. España gastaba en servicios de Salud 77.000 millones en el año 2009 y de ahí hemos pasado a los 65.000 del año 2015. Es de los países, junto a Grecia y Portugal, donde más ha descendido. Las cosas de los pobres.

Como en el caso de los palomares, las aves que están más arriba defecan sobre las que están debajo. El Gobierno central, cuando tomó la decisión de hacer recortes, llegó a la conclusión de que era muchísimo mejor hacerlo a través de intermediarios. Así que comenzó a apretar las tuercas de la financiación de las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de prestar los servicios públicos del bienestar, transferidos por la Administración central del Estado.

Canarias tenía dedicado a Sanidad, en el año 2009, un total de 2.900 millones de euros. En el año 2015 apenas superaba los 2.600. Los zarandeos que estamos viviendo hoy en materia presupuestaria no son más que una consecuencia lógica del deterioro financiero que está viviendo nuestra tierra, la peor financiada, con mucho, del país.

Aquí existe una gran mentira que por sí sola se carga todos los discursos políticos al uso. En España ni todos los ciudadanos son iguales ni disfrutan de los mismos derechos. Hay españoles de primera división en materia de comunicaciones, de servicios sociales, de sanidad pública o de educación. Y hay ciudadanos de tercera, que reciben peores prestaciones en todas estas áreas. Y luego estamos los canarios.

El presidente Clavijo ha descendido a los avernos de la Sanidad instado por las urgencias presupuestarias. Esa es una mala escalera política. Primero porque no se sabe muy bien qué hace el presidente del Gobierno metido en la trinchera de las gerencias hospitalarias. Y segundo porque él más que nadie sabe el telón de fondo de miseria e injusticia que se ha practicado con Canarias desde Madrid. Nuestro problema no es que gestionemos mejor o peor la Sanidad pública: es que no se cubren los costos reales del servicio. Luego, también es cierto, hay una demagogia reactiva por parte de quienes creen que los servicios públicos son la patente de corso para gastar sin cuento. Los sueldos de la Sanidad canaria se comen casi 1.400 millones cada año. Parapetarse tras los enfermos, colocados como escudo ante cualquier medida de racionalizar el gasto, no es más que un refugio fácil -y efectivo- para defender comprensibles reivindicaciones salariales.

Seguimos teniendo una Sanidad excepcionalmente buena. No hace falta más que darse una vuelta por ese mundo de dios para comprobarlo. La crisis ha causado una enorme devastación en la sociedad -millones de parados, empresas cerradas, viviendas perdidas y un ramillete de angustias y desastres- y los servicios de salud se han llevado también su parte. Pero polemizar sobre la Sanidad canaria aislándola del contexto de España es un grave error. No somos una república independiente, al menos de momento, sino parte de un país. La atención sanitaria es una pieza esencial del Estado de Bienestar. Y quien ha fallado estrepitosamente, habrá que decirlo una y mil veces, es ese Estado que se ha preocupado más del bienestar de su burocracia que de los ciudadanos.