El Consejo General de Economistas (CGE) publicó esta semana un informe sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas. Dicho documento pone de manifiesto, sin dejar lugar a dudas, que Canarias tiene la peor financiación por habitante de toda España: 1.734 euros. Cantidad que nada tiene que ver con los 2.167 de media que reciben los habitantes del Estado, los 2.140 de Cataluña o los 2.224 de Madrid, por poner solo dos ejemplos. Este estudio supone un nuevo aldabonazo a los responsables estatales de distribuir los recursos públicos, que hasta ahora han hecho caso omiso a las reiteradas demandas de las autoridades canarias para que se modificara el actual sistema de reparto. El CGE realiza una serie de propuestas -catorce, en concreto- para reformar, de forma "urgente", la financiación autonómica, pues entiende que la fórmula en vigor es "poco transparente y difícil de entender", lo que provoca "tensiones institucionales que no facilitan el debate y dificulta la corresponsabilidad fiscal". La importancia de este cambio está en que de él depende el nivel de prestación de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. No se trata pues de una cuestión menor, sino todo lo contrario, y más cuando todos los días aparecen nuevos datos sobre las carencias que sufren las Islas en estas áreas, en la mayoría de los casos porque los recursos de los que dispone el Archipiélago, ahora mismo, son "insuficientes" para atender los gastos transferidos.

Los dirigentes del PP en Canarias habrán aprovechado, se supone, la visita a las Islas de su líder nacional y presidente en funciones del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para recordarle cuestiones como las mencionadas más arriba, pues de nada sirven las promesas que hizo ayer si realmente no está dispuesto a modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Si el Partido Popular, formación que ha gobernado con mayoría absoluta en los cuatro últimos años, no tiene suficiente con los argumentos utilizados hasta ahora por los canarios, en la defensa de un modelo que tenga en cuenta las necesidades del Archipiélago -el actual, y en esto coinciden todos, es claramente injusto-, quizás el informe del Consejo General de Economistas, órgano independiente y sin ninguna vinculación política, sirva para que entre en razón.

Debido en parte a las penurias derivadas de un mal sistema de financiación y, también, por qué no decirlo, a la falta de previsión y una mala gestión, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a cuyo frente se encuentra desde 2015 el socialista Jesús Morera, se ha dedicado a eludir de forma sistemática la ley de contratos públicos, según ha manifestado reiteradamente el Consejo Consultivo en más de medio centenar de dictámenes. Este órgano advierte del "total desprecio a la aplicación de la normativa" por parte de los responsables de esta área, que se han defendido argumentando que debe "prevalecer la asistencia sanitaria por encima del trámite jurídico". Haría bien este departamento en ajustarse a los principios reguladores de la contratación pública.