No se puede atribuir al azar el hecho de que dos hermanos apellidados Soria y nacidos en Telde, Gran Canaria, hayan coincidido en el tiempo estableciendo una relación política que iba a incidir negativamente en la economía canaria recurriendo a una estrategia que, en 2004, consistía en vender al vecino algo que este había considerado desde siempre como inherentes a la naturaleza: el viento y el sol.

El denominado caso Eólico se convirtió en un importante freno al desarrollo de la energía limpia en Canarias, siendo el Archipiélago, sin embargo, una de las regiones poseedoras de un significativo potencial. Oscuros episodios fraguados en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias de entonces propiciaron una realidad que llega hasta nuestros días: Canarias sigue estando a la cola en el desarrollo de la energía eólica en España. La potencia instalada en Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha gira en torno a los 9.000 mw. En Canarias, desde 2004 hemos conseguido llegar a la formidable cifra de ¡165! En aquellos tiempos, uno de los hermanos Soria adjudicaba y el otro controlaba el ordenamiento territorial, decidiendo dónde se situaba cada parque eólico. Aún no se han construido los previstos y a la vista están los pocos aerogeneradores instalados en el Archipiélago. En Arinaga se procede al emplazamiento del mayor molino de viento de Europa, cuya obra finalizará en 2016. En Tenerife, si vamos por la autopista del Sur (esa maravilla de pista donde hasta un Hummer sucumbe a pesar de sus adelantos mecánicos), los podremos ver en Arico y Granadilla.

La energía producida se vende a Endesa-Unelco, empresa que, por cierto, ha organizado la primera subasta solar que permitirá a los propietarios de placas solares ceder la capacidad acumulada. La Justicia dialogó con el viento a raíz de denuncias, y surgieron sentencias condenatorias a pagar costas además de la posterior petición de los socialistas-obreros canarios al Parlamento regional para que conminara dimisiones y remisión de los papeles a la Fiscalía por si hubiera indicio de delito.

Afortunadamente, en las Islas existen dos asociaciones que se preocupan por estos asuntos: Energías Renovables (ACER) y Eólica de Canarias (Aeolican), que sin ningún tipo de alharacas han presentado ante el Parlamento de la Unión ocho vulneraciones del Derecho Europeo en las que incurre el Reino de las Españas en relación con la regulación del sector eléctrico en las Islas Canarias, siendo la más grave la discriminación, precisamente, contra las renovables canarias. España tiene el cuarto recibo más alto de Europa, con una media de 80 euros por usuario.

El cambio consistiría en desenchufarse de las eléctricas y asociarse con el sol. El gobierno, el ministro Soria, claramente protege a las empresas. La aspiración de los defensores del autoconsumo, es decir, de aquellos que piensan con sentido común, es que se pueda verter a la red el excedente energético para poder recuperarlo en las horas sin sol en acumuladores de energía (baterías), a cambio de una cuota-tasa de mantenimiento. Se acabaría con el oligopolio energético. Si un ciudadano instala un panel en la azotea y amortiza la inversión, le sale una energía más barata que la de la compañía. ¿Quién controla la redacción de las leyes?

De aquí se desprende y se entiende la situación de la central herreña de Gorona del Viento, con ese baile de inauguraciones repetitivas en las que no se explican las dificultades (llamémoslas así), que conducen a una media de generación que se aporta a la Isla, aún baja, llegando, puntualmente, al 60%. El artículo 45 de la Constitución Española dice: "Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".