Un municipio español, Játiva, treinta mil habitantes, tiene un estricto censo de perros. Quien no tenga su animal registrado y sea sorprendido en la calle paga 400 euros de multa. Cuando la policía se encuentra un excremento de perro en la acera procede a ordenar un análisis de ADN. Con la base de datos en la mano, el dueño será localizado y tendrá que pagar 300 euros, más los gastos del análisis. Algunas otras ciudades podrían tomar recortes. Por ejemplo la nuestra, donde perros y dueños desaprensivos dejan las aceras como un campo de minas asqueroso. Que dejar un "paquete" abandonado cueste una buena multa. A ver si alguien tiene alguna vez el valor de meter en cintura a los irresponsables.
