Es lógico que el Gobierno de Canarias esté indignado tras conocer la noticia de que no habrá prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las costas de Málaga y Granada debido a una declaración de impacto ambiental negativo, pero sí se realizarán en nuestro Archipiélago pese a que las razones ambientales aludidas por quienes se oponen a ellas en las Islas son similares. Al cabo de menos tiempo del que nos imaginábamos se están confirmando los peores temores: como ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, a los canarios no nos miden con la misma vara que a los peninsulares.

Un estudio de impacto ambiental posee elementos objetivos y subjetivos. ¿Hasta dónde se debe asumir determinado riesgo, teniendo en cuenta que encontrar yacimientos de hidrocarburos es esencial para un país que importa cerca del cien por cien del crudo que consume? Los riesgos no hay que asumirlos salvo que sean controlables. Hay que poner en un platillo de la balanza los potenciales beneficios y en el otro lo que puede ir mal. Hemos visto con el asunto del ébola que no siempre es suficiente con la buena voluntad de los políticos, e incluso con una adecuada preparación profesional del personal sanitario, para evitar un contagio.

Lo mismo sucede con el petróleo, con la diferencia importante de que en este asunto no median acciones de política humanitaria para salvar vidas humanas en países muy necesitados de ayuda. Las consecuencias de un posible accidente en la explotación del petróleo submarino -siempre en el supuesto de que lo hubiese- son tan graves que no podemos despreciar sin más las probabilidades de que ocurra por muy pequeñas que sean. A la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos, cabe suponer que las mismas razones ambientales que han servido para rechazar las prospecciones en la citada costa andaluza serán argumentadas para dejar a Baleares fuera de la industria del petróleo. Allí no pero aquí sí.

Esto no es jugar limpio con Canarias. Lo decimos claramente con la autoridad que nos confiere el no haber participado, hasta ahora, en ninguna campaña antipetrolera. Al contrario: hemos defendido las prospecciones porque la existencia de esos recursos nos ha parecido importante para las Islas, siempre que nos beneficiemos de su explotación. Favorables si obtenemos algo a cambio del riesgo asumido, pero no de esa forma discriminatoria. Por lo demás, nos alegra que el Gobierno autonómico hable, por fin, de trato colonial. En nuestros comentarios y editoriales hace tiempo que comenzamos a hacerlo. Veremos en qué acaba todo esto, pero no auguramos nada bueno.

Con respecto al ébola, es una buena noticia que el voluntario de la Cruz Roja aislado el jueves en el Hospital de la Candelaria no padezca esta enfermedad, según los primeros análisis y a la espera de una segunda prueba, aunque sí haya contraído la malaria. Siempre es mejor reaccionar con todos los medios necesarios frente a una falsa alarma que permanecer irresponsablemente impasibles ante un solo caso positivo. Por cierto, ¿lleva la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias un registro de todas las personas residentes en el Archipiélago que han estado en contacto con enfermos de ébola en África? No se trata de incluir a nadie en una lista de apestados, sino de llevar un control; nada más.

Un último asunto para concluir. Al margen de las noticias publicadas al respecto, durante los últimos días hemos mantenido un prudente silencio sobre la polémica surgida en torno a los cementerios de Santa Cruz. Hoy decimos que, a nuestro entender, algo está fallando en la gestión realizada por el Ayuntamiento capitalino. Informábamos ayer de que Cetensa no pasa el corte en la evaluación de los vecinos. La empresa responsable de la gestión y el mantenimiento de los cementerios suspende, según el criterio ciudadano, porque el estado de conservación es malo. Los santacruceros consideran un sarcasmo que encima esta empresa pretenda cobrar una tasa por ello, por lo que consideran lógico la suspensión del pago decretado por el alcalde.

Hasta ahora ha sido el Ayuntamiento de Santa Cruz el que ha costeado los gastos de mantenimiento. Parece lógico que si el servicio se adjudica a una empresa, esta pase a cobrar una tasa. Eso sí, a cambio de prestar un buen servicio. Unas condiciones que, a juicio de los vecinos -insistimos- no se están dando.