Recuerdo como si fuera hoy un tiempo en que fui designado por la entidad bancaria en donde laboraba para entregar a una lista de clientes preferenciales una de las primeras tarjetas de débito y crédito (inicialmente su ámbito era mixto) que se pusieron en circulación. El margen, por aquel entonces, era de 25.000 pesetas, y excepcionalmente a unas pocos, 50.000. Hago memoria de la reacción dubitativa de muchos de ellos al recibirla, pues muchos no entendían su mecanismo, porque el uso y costumbre de entonces era el dinero en mano, o como mucho, el talón al portador o nominativo, y en su defecto la trilogía de cambio a treinta, sesenta y noventa días.

Con diferencia, hoy, el dinero o el crédito figuran separados en tarjetas de débito con un límite determinado a la capacidad del titular, y de crédito con riesgo limitado, a devolver con creces (intereses que rayan en la usura) las cantidades dispuestas. De este modo, gran parte de la sociedad actual sobrevive cada mes, dependiendo casi de forma vitalicia de la entidad bancaria que le otorgó la concesión, habida cuenta que cuando esto hace es porque previamente ha atado, y bien atado, los posibles riesgos de una inesperada morosidad.

Generalizada esta modalidad, entramos en el capítulo de las excepciones para los llamados gastos de representación de los titulares de determinados consejos de administración de ciertas entidades bancarias y empresas con tintes elitistas u opacos. Nos referimos, porque ahora están en el disparadero de la corrupción, a los 86 consejeros y ejecutivos beneficiados por Caja Madrid y Bankia; o lo que es lo mismo, presididos por Miguel Blesa, el señorito cordobés, y por Rodrigo Rato, exministro y campanero de Bolsa ocasional, que favorecieron a una abigarrada tropa de allegados con el privilegio de una tarjeta de opacidad fiscal, desviada a una cuenta de "errores informáticos", para uso y disfrute de menesteres ajenos a dicha representación, como pagos en joyas, supermercados y almacenes, con un supuesto límite de 12.000 euros mensuales. Límite que muchos superaron con creces, a juzgar por la relación consignada en el CD que ha desvelado todas estas partidas y sus nombres. Esto es, ni más ni menos, que las ventajas económicas habituales que se conceden a estos pájaros de cuenta, aparte de dietas y comisiones, por acudir una vez por semana a levantar la mano o pulsar un timbre, para aprobar o denegar una operación crediticia de enjundia.

En cuanto a la responsabilidad fiscal, al no sobrepasar la cantidad de 120.000 euros, no se considera como delito de defraudación, y por tanto no se encarcela al responsable. Esto en lo que respecta a este país de pícaros y trincones, porque en el resto de Europa o Norteamérica la pena es de cárcel desde que existen indicios de fraude. Y como las noticias de un escándalo suelen ir desgranándose a medida en que se van desvelando los infractores, hemos podido saber que hasta sindicatos han percibido, de la mano de Blesa, cantidades superiores a los 200.000 euros, y también algunos medios de comunicación han sido beneficiarios, probablemente silenciados. Pero esto no acaba aquí, porque en un alarde de honradez calculada, con vistas a mayo próximo, el Gobierno ha encarcelado a un 63% más de defraudadores que en 2012.

En cuanto a Canarias, podríamos abundar en el tema del vino manchego, que no es lo mismo que el Vega Sicilia de 500 euros que se bebían y pagaban con la "black-card" los consejeros ya citados, pero la noticia de la primera infectada del virus ébola en España y la huidiza respuesta de la ministra Ana Mato, presente en rueda de prensa, ante la petición de dimisión, dan muestra de cómo se responsabilizan de las infracciones o errores las personas relevantes de este país. Así nos va.

jcvmonteverde@hotmail.com