Informábamos hace un año que la inversión del Estado por habitante en Canarias se había desplomado a la mitad en los cuatro ejercicios anteriores. Al presentar Montoro los presupuestos de entonces supimos que los ajustes en las transferencias a las comunidades autónomas y el tijeretazo a las inversiones públicas situaba a Canarias, por tercer año consecutivo, en el vagón de cola. Con los presupuestos estatales de 2014, cada canario recibió 60 euros menos que la media de las 17 autonomías, fijada en 215 euros por habitante; en el Archipiélago se quedó en 155 euros.

Cabría esperar que en los Presupuestos del próximo año, es decir, de 2015, las cosas cambiasen a mejor. Sin embargo, no va a ser así. De acuerdo con el proyecto presentado ayer por el ministro de Hacienda, a Canarias le corresponderán en números redondos 268 millones de euros de inversión estatal. ¿Mucho o poco? Poco si tenemos en cuenta que esa cantidad supone apenas el 2,4% del total de ese capítulo, pese a que en Canarias vive el 4,34% de la población del Estado. Esto significa que se mantiene el desfase en la inversión por habitante con respecto a las otras regiones. Más aún, el incremento del gasto destinado a estas Islas apenas aumenta un 4,53% con respecto al año anterior. Una cifra a todas luces ridícula si la comparamos con el 86,29% que sube en Baleares (comunidad en la que gobierna el PP), el 32,7% de Navarra, el 39,6% de Murcia o el 26,5% de Valencia. Solo La Rioja y Galicia tienen aumentos porcentuales en la inversión estatal por debajo de Canarias, aunque ninguna de estas regiones está afectada por un índice de desempleo tan alto como el de nuestro Archipiélago.

Tal vez como premio de consolación, Cristóbal Montoro anunció ayer que antes de que concluya este año estará renovado el REF, actualmente en fase de negociación ante la Comisión Europea. Para el ministro de Hacienda, estas Islas están viviendo la recuperación económica al igual que el resto del territorio español. El senador Narvay Quintero le ha recordado que Canarias recibe 200 millones de euros menos de lo que le corresponde; algo que ya denunciaban el PP y el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, en la anterior legislatura.

Ante todo esto, una de dos: o no nos hacen caso por costumbre y, en consecuencia, serán baldíos cuantos intentos realicen nuestros políticos en Madrid para conseguirlo, o bien no tenemos a los representantes adecuados en la capital del Estado para lograr que se escuchen nuestras demandas. Debemos recordar que actualmente los partidos con políticos canarios en las Cortes españolas son el PP, el PSOE, CC y Nueva Canarias. Los parlamentarios socialistas y populares están sometidos a una rígida disciplina de partido, al más puro estilo de quien se mueva no sale en la foto, máxime en una época en la que todos quieren salir en la instantánea de los comicios previstos para 2015. De los nacionalistas se podía esperar más, pero su postura hasta este momento ha sido muy tibia. De lo que hace en Madrid el señor Quevedo, diputado por Nueva Canarias, poco sabemos.

Tal vez estemos así porque aquí no convocamos referéndums o consultas soberanistas. El Gobierno que preside Paulino Rivero quiere someter al criterio de la población los, al parecer, ya inminentes sondeos, pero nadie le hace caso en Madrid porque los gobernantes del Estado tienen en estos momentos otras cosas en las que pensar. Solo el ministro de Industria, José Manuel Soria, no pierde ocasión para decirle a todo quien quiera oír sus palabras que esa consulta no se celebrará, al igual que tampoco será posible la convocada por Artur Mas en Cataluña.

Estas son las poco halagüeñas perspectivas para Canarias en los Presupuestos de 2015, pero no acaban aquí nuestras dudas y nuestros asombros, pese a que ya hemos perdido gran parte de nuestra capacidad de asombro. Las pensiones únicamente subirán el mínimo establecido del 0,25%. Pese a ello, el 55% de los Presupuestos se dedica al pago de este epígrafe, a las ayudas por desempleo y al pago de la deuda pública, que en 2015 superará el cien por cien del PIB. Unas cifras preocupantes si no aumenta la actividad económica y, consecuentemente, el empleo. Si no aumentan, en definitiva, los ingresos de las administraciones, no por una subida de impuestos sino por un mayor número de cotizantes.