Independientemente de cuál hubiese sido el resultado, el referéndum sobre la secesión de Escocia resultaba problemático para los intereses del Gobierno de España. Una victoria del sí hubiera encrespado los ánimos no sólo en Cataluña sino también en el País Vasco con el argumento, políticamente fácil de usar, de que los escoceses han abierto la puerta a ser una nación independiente mientras que a nosotros, los catalanes y vascos, ni siquiera nos permiten decir lo que pensamos al respecto. La victoria del no tampoco ha mejorado las cosas para el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Al contrario: lo hace proclive a calificativos relacionados con la cobardía y el secular centralismo autoritario de Madrid al no darles a los catalanes esa misma oportunidad de decidir. Un temor a las periferias y un deseo de gobernar el país al mejor estilo de ordeno y mando que ya han esgrimido Artur Mas y sus segui- dores.

Siempre hemos dicho que no nos gustaría ver el mapa de España con "mordidas" ocasionadas por procesos secesionistas, pero las circunstancias han cambiado. Frente a una mayor integración en la Unión Europea están también los pueblos y sus justas reclamaciones a que se les reconozca su identidad. Pueblos sin estado que no se sienten a gusto diluidos dentro de otras naciones de las que no se consideran ciudadanos. Sin embargo, esas aspiraciones se solucionan en la mayoría de los casos llegando a acuerdos. Cameron, primer ministro del Reino Unido, optó por el referéndum de Escocia convencido de que lo iba a ganar y de que esa era una mejor salida que pactar con los habitantes de las Tierras Altas un estatuto de autonomía que les proporcionase más competencias. Luego, ya en la recta final de la campaña, ante los malos augurios que recogían las encuestas se apresuró a ofertar unas competencias autonómicas mayores incluso de las que les exigía Salmond, y con él todos los nacionalistas escoceses, al principio. ¿Merecía adentrarse en un proceso que ha mantenido en vilo no solo a Gran Bretaña sino a toda Europa para evitar unas concesiones que luego se han otorgado corregidas y aumentadas?

Lo mismo cabe decir de la situación en Cataluña. La radicalización del nacionalismo catalán se acentuó después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un proceso que se inició a raíz de la denuncia de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido Popular. En estos momentos las cosas han ido demasiado lejos para encontrar una salida pactada. El viernes, siguiendo de manera inflexible un calendario previsto, el Parlamento catalán aprobó la denominada Ley de consultas populares; el instrumento legal necesario para que Artur Mas convoque su consulta secesionista, anunciada para el 9 de noviembre. El resultado a priori de este plebiscito es más incierto que el de la independencia de Escocia, al menos si nos atenemos a los datos que han estado arrojando las encuestas durante los últimos meses. Desaparecido, al menos de momento, el problema de Escocia, Europa tiene ahora puestos sus ojos en Cataluña.

Respecto a Canarias, hay otra consulta planteada sobre los sondeos petrolíferos. Desde el primer momento hemos dicho que se trata de un oportunismo político de Paulino Rivero, aunque con matices derivados de que no parece sensato para una región con las penurias económicas de Canarias renunciar sin más a importantes recursos potenciales, ni tampoco que permanezcamos como meros espectadores mientras nuestras riquezas se las llevan otros. Entre ambos extremos existe una alternativa de consenso; de acuerdos que implican ceder por ambas partes. Una posibilidad que se desechó en Escocia e igualmente se está arruinando en Cataluña.

Sin embargo, más allá de estas consideraciones sobre el terreno hay que ir a la razón intrínseca del conflicto entre Cataluña y el Gobierno español. ¿Quieren la mayoría de los catalanes ser independientes? Esta es la gran pregunta. Porque si son más los que desean desvincularse de España y continuar su andadura como un nuevo país, ¿qué puede hacer el Estado español para impedirlo? Naturalmente, cabe la posibilidad de que no sean mayoría quienes aspiran a la independencia, con lo cual estaríamos ante un caso similar al escocés. Algo imposible de saber sin que se celebre la consulta. De nuevo, un callejón sin salida para el Gobierno central. Eso lo saben los políticos catalanes y lo utilizan a su favor. Dilucidar esta cuestión es clave para el futuro de España y de Cataluña. Las contiendas prolongadas terminan por agotar a ambos bandos, hasta el punto de que al final no hay vencedores porque todos han perdido. La situación económica de este país tampoco permite entregarse a juegos florales indefinidamente, ya sean estos autonomistas o secesionistas. Debemos tener claro si los catalanes quieren, mayoritariamente, seguir formando parte de España o no. Y en el caso de que quieran seguir vinculados al Estado español, en qué condiciones. Cerrado este proceso de una u otra forma, hay que pasar página y seguir adelante porque, como decimos, son muchos los problemas -el desempleo es el principal de todos- pendientes de resolver. Los procesos independentistas son pródigos en emociones fuertes, por emplear una expresión del propio presidente de la Generalitat, pero no dan de comer. Inflaman los corazones pero no llenan los estómagos. Más bien cabe esperar un empobrecimiento de Cataluña, al menos inicialmente, si se consuma la ruptura, aunque los catalanes tienen pleno derecho de aceptar penurias en aras de ser un país libre. Una consideración que resultó decisiva en Escocia para decantar las voluntades a favor del no.

Respecto a la consulta sobre el petróleo que también quiere realizar Paulino Rivero y su Gobierno -cuenta para ello con el pleno apoyo de los socialistas canarios-, el planteamiento es muy similar. Cabe pensar que los canarios tienen algo que decir respecto a una decisión que puede cambiar en gran medida su modelo económico. Decía esta misma semana un concejal de La Laguna en un programa de EL DÍA Televisión que Repsol ha insertado publicidad en los medios de comunicación del Archipiélago con el fin de ganarse favores. Nada más lejos de la realidad. Que nosotros sepamos, ninguno de esos medios ha cambiado de postura por tal circunstancia. No es, desde luego, nuestro caso. Ahí están las hemerotecas para que quien así lo desee haga las comprobaciones oportunas. Por lo demás, Repsol, como cualquier empresa, está plenamente legitimada a exponer su postura y hacerla llegar a la ciudadanía. El error quizá no está en hacerlo ahora, sino en no haberlo hecho desde el primer momento. La información de ambas partes es esencial. Un pueblo sin información es un pueblo sin opinión y, en consecuencia, susceptible de caer en manos de manipuladores. Las opiniones son libres; las informaciones, no. Las noticias han de estar estrechamente condicionadas a su veracidad.

¿Se puede reconducir la situación en Canarias, a la vista de que va a resultar muy difícil, por no decir imposible, hacerlo en Cataluña? Quisiéramos pensar que sí, pero no somos optimistas al respecto. La designación de un nuevo candidato en CC deja a Paulino Rivero en una situación de clara debilidad frente al PP, como ha quedado de manifiesto durante el pleno del Parlamento celebrado esta semana. El argumento de "usted ha sido desautorizado por su propio partido" lo van a seguir utilizando los populares en lo que queda de legislatura hasta hacerle la vida imposible. No nos extrañaría que Rivero, desmoralizado y falto de apoyos políticos, terminase por dimitir pese a que ha insistido en su idea de seguir al frente del Ejecutivo regional hasta el último minuto. Un escenario nada halagüeño, se mire como se mire, para alcanzar esos consensos que tanto necesitan Canarias y España.