Metidos de lleno en el tercer año de la X Legislatura, hace unos días impartí una charla con un debate muy interesante en la Agrupación Socialista de San Miguel de Abona, Tenerife, en la que, a modo de balance y resumen, abordamos las consecuencias que las leyes aprobadas con la mayoría absoluta del Partido Popular y sin apoyos de otros partidos han tenido para la mayoría de los ciudadanos: retroceso y recortes en derechos y libertades. Leyes como la racionalización y sostenibilidad de la administración local, que perjudica sobre todo a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, la de educación, que avala la segregación entre estudiantes y potencia la privada en detrimento de la pública, la de tasas judiciales, que limita el acceso a la justicia, la reforma laboral, que está destruyendo empleo en lugar de crearlo, la de la seguridad ciudadana, que privatiza la seguridad pública, responsabilidad del Estado, etc., etc., por citar las que más debates han suscitado en la opinión pública, nos impiden avanzar respecto a Europa, y otras como la de suprimir la malformación fetal como indicación del aborto o el pucherazo del cambio en la elección de alcaldes a pocos meses de las elecciones de mayo de 2015, han creado tal revulsivo que aguardan con un futuro incierto en cajones ministeriales, siendo la posición inequívoca del PSOE su retirada.

Ahora el PP nos amenaza con una reforma fiscal sobre la que adelanto que pretende transferir bienestar y renta desde las clases medias y trabajadoras a las rentas altas y las grandes empresas, o lo que es lo mismo, quita bienestar a la mayoría de los ciudadanos de a pie y se la da a los que más tienen. Me explico: por un lado con la reforma fiscal que pretende el PP bajan los impuestos especialmente a las rentas altas y baja el impuesto de sociedades a las grandes compañías y corporaciones, olvidando a los autónomos y la pequeña y mediana empresa, y por otro lado suben los impuestos indirectos, con lo que sigue elevándose la presión fiscal, y se recorta el estado de bienestar de las clases trabajadoras bajas y medias.

Los cambios fiscales que pretende introducir el Gobierno supondrán, efectivamente, una bajada de impuestos de ciudadanos con rentas altas y, sin embargo, más de 6 millones de españoles (un 30% de la población) que ya no pagan IRPF por sus bajas rentas, no solo no se van a beneficiar de la reforma fiscal del PP, sino que además tienen que hacer frente a recortes, copagos y subidas de tasas e impuestos, con lo que estamos ante un proyecto injusto que aumenta aún más la brecha económica y desigualdad, haciendo más rico al rico, cargando más la recaudación en las clases medias y trabajadoras.

En cuanto a la reforma del IRPF (impuesto del rendimiento de las personas físicas), el PP pretende reducir mucho más los impuestos de las rentas altas que los de las rentas bajas, y la reforma del Impuesto de Sociedades supone un regalo fiscal a las grandes corporaciones mientras a los autónomos se les baja solo en parte las retenciones que el propio Gobierno había subido, no avanzándose en la lucha contra el fraude fiscal.

Por ello el PSOE ofrece una alternativa a la reforma del PP incluyendo en el cálculo del IRPF la riqueza de cada contribuyente para que se pague en función de lo que se posee, y al mismo tiempo luchando decidida y efectivamente contra el fraude fiscal para que los que hasta ahora no hayan pagado o no estén pagando comiencen a hacerlo, bajando al 15% las retenciones a los autónomos, a los que el PP subió el impuesto hasta el 21%. Por otro lado proponemos que estén exentos del pago del IRPF las familias con hijos a cargo, los parados y los pensionistas que perciban en total menos de 16.000 €/año, siendo el fraude, en cualquier caso, la asignatura fiscal más pendiente, todo un reto a la democracia.

Y al final de toda esta reforma que pretende el Partido Popular, ¿quién acabará pagando menos impuestos? Pues está claro: los que tengan rentas más altas, las grandes corporaciones y los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal.

@JVGBethencourt