Sabemos que los juzgados están colapsados porque los casos pendientes superan con creces la capacidad del personal asignado a ellos, ya sean jueces, fiscales, secretarios o auxiliares. Un agobio extensible igualmente al Tribunal Supremo. Sin embargo, nos preguntamos si no sería posible agilizar el recurso de revisión de sentencia presentado por un matrimonio de ancianos de Tacoronte para evitar en el último momento la pérdida de su vivienda.

No nos gusta entrar en los procesos judiciales, máxime cuando están en vías de resolución, porque confiamos en la Justicia y acatamos sus sentencias. Recurrimos aquellas que nos afectan y con las que no estamos conformes, pues nos amparan las leyes para hacerlo, pero respetamos cabalmente cualquier decisión judicial. Al margen de este respeto y este deseo de no inmiscuirnos más allá de la libre crítica que podemos hacer como simples ciudadanos, estamos convencidos de que circunstancias excepcionales requieren también actuaciones excepcionales. Retrasar esa decisión del Tribunal Supremo sobre el antes mencionado recurso de revisión está incrementando hasta límites inimaginables el sufrimiento de este matrimonio.

El amparo que están recibiendo Berta y Antonio de sus convecinos de Tacoronte, así como de toda la isla de Tenerife e incluso de toda Canarias es conmovedor. Nos alegra comprobar que no todo está perdido en esta sociedad cuando se suscitan tales muestras de solidaridad ante una situación tan acuciante para estas personas. Situación que se ha prodigado durante los últimos años a lo largo de toda la geografía canaria ante los desahucios motivados por la crisis. Desde ese reiterado respeto a los procesos judiciales -los jueces se limitan a aplicar las leyes; lo que falla a menudo son las propias leyes-, no entendemos cómo es posible que un muro de contención, según publicábamos en nuestra edición de ayer, cueste solo 500 euros menos que toda la casa. Algo está fallando; algo se ha hecho mal. Por eso decimos claramente que Antonio y Berta no pueden ser desalojados el próximo 19 de septiembre. Los plazos establecidos por la ley hay que cumplirlos, indudablemente, pero en circunstancias especiales se imponen esas excepciones a las que nos referíamos líneas atrás. Debe imponerse el humanismo que siempre hemos defendido en esta Casa. El humanismo y la caridad cristiana han de estar incluso por encima de las leyes, porque las leyes se han promulgado para que las personas vivan mejor. No se hizo el hombre para las leyes sino las leyes para el hombre.

Con respecto a otro tema, ayer adelantábamos en nuestra edición digital un aumento del 54 por ciento en el número de cruceristas que visitaron los puertos de la provincia de Las Palmas en los siete primeros meses de este año. El incremento en los de Tenerife se quedó en un 6%. ¿Qué está pasando en nuestra isla? ¿Por qué una ciudad y toda una Isla con más atractivos para los visitantes es menos demandada por estos turistas? No queremos echar más leña a un debate que, como muchos otros, se ha hecho crónico. Únicamente apelamos a lo que decíamos en nuestro comentario de ayer: hay que actuar para resolver los problemas que nos agobian porque el tiempo se nos echa encima. Hay que exigirles a nuestros políticos que se pongan a trabajar. Y si no lo hacen, reiteramos que debemos prescindir de ellos. Está en juego nada menos que nuestro futuro.

Por otra parte, como saben nuestros lectores ayer falleció Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Vayan por delante nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Botín ha estado al frente del banco más grande de la zona euro y uno de los mayores del mundo en una época delicada para el sector en general, pues no en vano se ha derivado hacia los bancos la culpa de buena parte de la crisis que padecemos. El comportamiento irresponsable de muchas entidades a la hora de conceder créditos hipotecarios, así como unas condiciones de ejecución de esas hipotecas cuando menos poco sensibles con las personas económicamente más débiles, ha puesto a los bancos en el ojo del huracán de airadas, cuando no violentas, manifestaciones callejeras. Una tormenta social que Botín y el Santander supieron esquivar en parte, aunque no han estado exentos de responsabilidad en lo ocurrido. No obstante, le corresponde a Emilio Botín el mérito de haber sido un hombre de Estado sin necesidad de ostentar ningún cargo político. Que descanse en paz.