Informábamos en nuestra edición del sábado que las nuevas agujas facilitadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a los diabéticos les causan heridas. Motivo suficiente para que los afectados por esta dolencia hayan pedido su retirada. Según la Asociación para la Diabetes de Tenerife, estas agujas "causan mucho más dolor que las que se venían utilizando hasta ahora y además se multiplica la posibilidad de que se produzca un hematoma. La rosca no se traba adecuadamente y hay riesgo de que la dosis se derrame. La aguja es muy endeble y se puede partir con facilidad, lo que resulta peligroso y, por si fuera poco, muchas vienen sin una caperuza de seguridad en la base". Al parecer, la empresa que las suministra ha hecho una oferta tan ventajosa, que los proveedores habituales no pueden competir con ella. No obstante, el gerente de la citada asociación, Francisco Darias, considera que las autoridades sanitarias debían haber contado con ellos antes de tomar una decisión.

¿Existe algún motivo que no conozcamos para maltratar a algunas personas que ya bastante tienen con su enfermedad?, nos preguntamos desde estas líneas. ¿Es que no le basta a la Consejería de Sanidad con confinar a miles y miles de canarios en interminables listas de espera para recibir atención hospitalaria, para encima torturar a los diabéticos de esta forma? Intentamos ser comprensivos con el Gobierno de Canarias, infinitamente más comprensivos de lo que lo hemos sido en los últimos años, pero nos resulta difícil mantener esa condescendencia en las críticas ante las noticias que nos llegan cada día. Esperamos que alguien resuelva el problema de las agujas ya; es decir, sin esperar, como siempre, a que transcurran varios meses y se encrespen los ánimos.

Tampoco está teniendo suerte el Ejecutivo autonómico, y de forma especial su presidente, con los empresarios canariones. El Círculo de Empresarios de Las Palmas acusó el sábado al Gobierno de Paulino Rivero de someter a la sociedad canaria a un estado de crispación por intereses partidistas y de guiarse por una deriva hacia políticas populistas en la que copia la trayectoria de Cataluña. Salta a la vista que no quieren los empresarios "grancanarios" la consulta sobre las prospecciones petrolíferas que Rivero pretende llevar a cabo contra viento y marea. Al mismo tiempo le recuerdan a Rivero que el Ejecutivo que preside, haciendo uso de sus competencias, ha tomado decisiones contrarias a posturas mayoritarias mostradas por algunos cabildos y, sin embargo, ninguna corporación insular ha decidido romper las relaciones con el Gobierno autónomo. Los empresarios de la tercera isla también se preguntan por qué no se han sometido a consulta popular otros asuntos, como el sistema electoral canario, la moratoria hotelera, la posibilidad de limitar a dos legislaturas el mandato de los cargos públicos o si a Canarias le conviene tener un Gobierno regional con menos competencias a cambio de que los cabildos tengan más.

En nuestro editorial de ayer tratamos ampliamente este asunto. Poco o nada tenemos que añadir hoy al respecto, salvo expresar nuestra tristeza al ver como unos y otros siguen enzarzados en debates inútiles mientras todos y cada uno de los graves problemas que padecemos siguen sobre la mesa sin que nadie se remangue la camisa y se ponga a trabajar para solucionarlo.

Por otra parte, Unión Progreso y Democracia, el partido que lidera la peculiar Rosa Díez ha expresado hoy su rechazo a la futura Agencia Tributaria canaria porque considera que no hay ningún indicio, ni dato que justifique su puesta en marcha y que su constitución es otro ejemplo más de creación de burocracia. Totalmente de acuerdo en que no conviene generar más burocracia. La que tenemos ya resulta insufrible. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, ¿por qué no podemos recaudar nuestros propios impuestos, como hacen los vascos, y luego pagarle un cupo al Gobierno central por los servicios que presta en Canarias? En este sentido, una Agencia Tributaria al servicio de Madrid, o supervisada por Madrid, se nos queda corta. Lo que nos corresponde por la situación geográfica de nuestras Islas, por historia, por idiosincrasia y hasta por justicia es una Hacienda cien por cien canaria. El exceso de burocracia no sería tal si paralelamente desapareciese del Archipiélago la Hacienda española.