No de momento... Pero el progresivo maltrato empresarial e institucional hacia los distintos colectivos aeronáuticos está destrozando el trabajo de muchos años en favor de un concepto sagrado que, a lo largo de un siglo, ha hecho del avión el milagro de volar en el medio más rápido, cómodo y seguro para encoger geografías y unir continentes en pocas horas.
La seguridad, prioridad abanderada por vocaciones convertidas en profesiones especializadas, se encuentra hoy en conflicto con intereses relacionados con el negocio dirigido por empresarios, directivos y mandos intermedios.
En las últimas décadas asistimos, por un lado, a los avances técnicos que continúan perfeccionando las condiciones de seguridad y, por otro, a un deplorable modelo de gestión empresarial que, bajo los auspicios del "low cost" (bajo coste), considera que el camino más rentable hacia los beneficios inmediatos está en la explotación del trabajador. Quizá, igual que en cualquier otro ámbito laboral, pero en este tan específico, no tiene cabida el menosprecio por la seguridad.
La Ley de Seguridad Aérea contempla obligaciones y responsabilidades del ministro de Fomento, del personal aeronáutico, del operador, de las líneas aéreas comerciales y hasta de los pasajeros, en relación con la seguridad, bien redactada a nivel técnico y burocrático, pero falta concretar los casos de explotación y/o acoso laboral, tan expandidos últimamente y necesitados de una implantación urgente, cuando menos en la lectura de los artículos 34 y 36, donde deberían especificarse las infracciones al respecto y las sanciones correspondientes.
Sin duda, en el momento actual, el mayor riesgo para la seguridad aérea es el maltrato laboral, pues la entidad de las funciones a desarrollar desde las distintas especialidades profesionales no admite situaciones de estrés, de angustia inducida, ni perturbaciones psicosomáticas que limiten unas facultades que, como exigencia previa e incuestionable, deben funcionar a su nivel óptimo como argumento prioritario en nombre de la seguridad.
Tampoco la gestión política, desde su mediocridad habitual, ayuda a mejorar el panorama, pues los organismos oficiales actúan al servicio de los intereses meramente económicos, e ignoran las penosas condiciones laborales de quienes merecen un mínimo respeto por ser alma y vida del medio aéreo. Pero el componente vocacional solo parece inspirar animadversión sistemática.
Como denominador común de las adversas circunstancias laborales que afectaron los últimos casos de situaciones críticas, incidentes, accidentes y catástrofes aéreas, un breve resumen:
-Spanair: pilotos amenazados con el despido y cierre de la compañía.
-Air Comet: su dueño, Díaz Ferrán, declaró: "No volaría en mi aerolínea por falta de seguridad". Sus empleados, tres meses sin cobrar y, al final, el cierre.
-Swiftair: un informe demoledor del sobrecargo a su jefe, como reivindicación ante condiciones laborales infrahumanas. Catorce horas diarias de trabajo, siete días seguidos en África... escrito seis días antes del accidente.
-Cierre del espacio aéreo español: lo cerró el ministro como maniobra para gestar la turbia privatización de Aena. ¡Culpó a los controladores!
-Ryanair: Empresario que no permite a sus comandantes decidir la cantidad de combustible por motivos de ahorro, y tienen que declarar emergencia porque no llegan.
-Binter: en sesgada aplicación de la reforma laboral ha despedido al personal antiguo y experto para sustituirlo por mano de obra "low cost".
Hay más, pero...
El futuro de la seguridad no está en buenas manos. Se impone una rectificación institucional y empresarial para asumir la dignidad laboral de quienes vuelan y hacen que el avión vuele. Y si fuera posible, que todos participasen de ella, la dignidad, como única garantía de seguridad y supervivencia futura.
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