La decisión del Gobierno de aforar al rey don Juan Carlos ha suscitado un amplio debate sobre el aforamiento y la cantidad de aforados que hay en España. Antes de entrar en materia conviene aclarar que un aforado es una persona que, debido a su condición de estar ejerciendo un cargo público, o bien por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. ¿Y por qué existe tal privilegio? La razón aducida normalmente es para evitar las presiones políticas de las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones. Si el aforamiento es o no un privilegio depende de las versiones. Según los críticos con esta figura sí supone un privilegio, ya que las personas aforadas no son juzgadas por los mismos tribunales que un ciudadano común. Por el contrario, los que lo defienden recuerdan que los aforados, al ser juzgados directamente por un tribunal superior, pierden el derecho que tienen todos los ciudadanos a recurrir en caso de que el veredicto del juzgado de primera instancia le haya sido desfavorable.

¿Y quiénes están aforados en España? La Constitución Española (CE), en su artículo 71.3 establece que los diputados y senadores estarán sometidos por una jurisdicción especial y que no podrán ser acusados formalmente sin el permiso (suplicatorio) de la cámara correspondiente. Asimismo, el artículo 102.1 de la CE extiende la protección al presidente y al resto de miembros del Ejecutivo. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial también estipula el aforamiento para los magistrados de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado y, finalmente, llegaron los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas para disparar la cifra, multiplicándola por diecisiete, con la inclusión de los miembros del gobierno y parlamentarios autonómicos y sus Defensores del Pueblo, Diputados del Común, etc.

España es la democracia con mayor número de aforados del mundo. Se calcula que en la actualidad hay 10.000 ciudadanos con una protección jurídica especial, aunque otras estimaciones elevan esta cifra debido a la consideración especial que tienen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un volumen que genera enormes disfunciones en el sistema judicial y que ampara privilegios de difícil encaje en la Constitución, que en su artículo 14 proclama que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

La situación en España es vergonzosa en el ámbito internacional, pues muchos países punteros no conocen ningún aforamiento, como ocurre en EEUU, en Alemania o en el Reino Unido, sino un procedimiento político de destitución del presidente de la nación y otros muy elevados cargos, que es algo muy distinto. En Portugal e Italia solo está aforado el presidente de la República; en Francia gozan de tal privilegio el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. Como vemos, en la mayoría de los países democráticos se vigila mucho que todos los ciudadanos se sientan iguales ante la ley, que es como debe ser. Si España queremos que sea un país moderno y plenamente respetuoso con el principio de igualdad, el aforamiento debe desaparecer por regeneración democrática, pero ello no ocurrirá en nuestro país, al menos de momento, porque quienes tienen que aprobar la ley que suprima los aforamientos son los mejor aforados hoy.