Dice un cronista que lo realizado por Francia con su mapa administrativo es impensable en un país como España. ¿Qué han hecho los galos que no podamos hacer nosotros? Pues, como quien no quiere la cosa, cambiar radicalmente sus fronteras interiores "sin que hasta el momento -copio textualmente lo publicado por el diario EL PAÍS- se hayan producido apasionadas reacciones ni en los partidos políticos ni en las zonas afectadas. Uno de los objetivos del histórico cambio consiste en ahorrar entre 12.000 y 25.000 millones de euros en los próximos años. Las actuales 22 regiones se fusionan entre ellas. Quedarán 13".

¿Se imaginan ustedes fusionar algunas autonomías españolas con el único afán de que no existan, por ejemplo, diecisiete parlamentos regionales? A mí me cuesta pensar algo semejante. Sobre todo considerando cómo se ponen algunos cada vez que se habla no de reducir regiones y provincias, como han hecho hasta los italianos, sino simplemente Ayuntamientos. Ayuntamientos, no municipios pues, como bien se ha dicho desde hace años en los comentarios y editoriales de este periódico, no se trata de borrar localidades del mapa sino de racionalizar la Administración.

Pero no. Si en este país ya resulta difícil -lo dije el otro día- conjugar el verbo dimitir, mucho más es hacer lo propio con el consiguiente racionalizar. Racionalizar la Administración local no supone sólo mancomunar competencias entre varios municipios limítrofes. Eso se ha hecho muchas veces y en muy pocas ocasiones ha dado resultado. Los planteamientos coherentes con la situación de crisis que vivimos -seguimos teniendo más de 350.000 desempleados en Canarias y cerca de seis millones en todo el país- pasan por que el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y en el caso de Canarias también los cabildos gasten menos para que no sea necesario seguir recaudando tantos impuestos. O para que, incluso en el supuesto de que se mantenga la actual presión fiscal, ese dinero salido del bolsillo de los ciudadanos y de las empresas se emplee en algo más productivo que pagar sueldos de políticos y hasta de funcionarios redundantes.

Eso lo han visto los franceses, los italianos, los alemanes y todos los que tienen ojos para ver una realidad que en España nos negamos a aceptar. Mejor dicho, que se niegan a aceptar los políticos que deben adoptar esas decisiones sensatas de cortarle algunas cabezas a la hidra pública. Se niegan porque no están dispuestos a hacerse el harakiri. Una corporación municipal suprimida supone de forma paralela un puñado menos de cargos públicos con sueldos. A fin de cuentas, esto no es Francia o Alemania; ni siquiera es Italia. Hablar en España, como lo ha hecho Hollande y su Gobierno, de una gestión pública más ágil y menos costosa sería lo mismo que pedirle peras al olmo. Como curiosidad añadida, el debate entre los líderes vernáculos franceses a la hora de fusionar sus regiones no se ha centrado en motivos identitarios. Ha primado pertenecer a una región más rica. Según el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, el objetivo es "conseguir territorios más fuertes y mejor organizados que compartan sus gastos de funcionamiento".

El único "pero" que le encuentro al modelo francés si algún día lo trasladásemos a España sería el consiguiente desaguisado para los líderes autonómicos. Sería una pena que no pudiesen existir personajes como Pujol and family, catalanes hasta de profesión y oficio pero a la hora de la verdad tan pillos -de pillar- como cualquier Lazarillo castellano.

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