En las Islas no faltan policías ni guardias civiles, ha dicho el ministro del Interior durante su visita a Canarias. Entonces, ¿qué nos hace falta? Se nos ocurre responder que necesitamos empleo. Quizás necesitamos también que el 40 por ciento de los médicos que trabajan en el Archipiélago tengan algo más que un contrato eventual, como ocurre actualmente según informábamos ayer en nuestra primera página.
sin que todos los ciudadanos accedan a unos niveles de vida mínimos que dignifiquen su existencia. La gente debe tener ingresos no para acceder al consumo disparatado que existía antes de la crisis, insostenible desde cualquier punto de vista, sino para cubrir unas necesidades mínimas. No podemos caer en el error de subsidiar la pobreza. Las ayudas a gran escala resultan imprescindibles como medidas de choque ante calamidades sociales que irrumpen de forma imprevista, como lo ha sido esta brutal recesión económica en la que seguimos inmersos, pero no son prolongables sine die porque el dinero público termina por agotarse. Se acaba mucho más deprisa cuando la propia crisis disminuye los ingresos que pagan tanto las empresas como los particulares.
La independencia de las personas y de las naciones en las que están integradas esas personas empieza por la autosuficiencia económica. Los hijos de hoy en día no abandonan la casa de sus padres a los 18 años, que es cuando lo permite la ley, sino mucho después. Nunca antes de conseguir un empleo -de nuevo esos ingresos mínimos a los que nos referíamos antes- que les permita instalarse por su cuenta. Por lo tanto, el desempleo es una esclavitud encubierta. Los casi 400.000 parados que de una forma u otra existen en Canarias nos convierten en una sociedad dependiente en el peor sentido del término; en una sociedad sometida al capricho de quienes administran esas ayudas.
Muchas veces nos preguntamos si es esto lo que quieren nuestros políticos. De ser así, desde ahora les decimos a todos que fomentar el pesebrismo con la idea de amarrar votos es una práctica que a la larga se volverá contra ellos. Ni siquiera el despotismo ilustrado impidió la caída de la corte de Versalles. Hay un reducido porcentaje de vagos y sumidos que aspiran a ser alimentados sin tener que esforzarse en nada y para nada, pero la mayoría no actúa así. El pueblo canario no ha caído históricamente en ese comportamiento mezquino. Muy al contrario, los canarios han emigrado cuando las circunstancias los han obligado a abandonar su tierra en busca del trabajo que no hallaban en estas Islas que los vieron nacer. Algunos regresaron al cabo de los años convenientemente recompensados por sus esfuerzos y sacrificios. Otros prefirieron permanecer en los países que los acogieron. Unos y otros han tenido el denominador común de una laboriosidad indiscutible y una honestidad como personas que han causado admiración allá donde han ido.
El pueblo canario no quiere vivir de limosnas. Hemos recibido con agradecimiento las ayudas europeas cuando han llegado porque sin ellas difícilmente habríamos salido en pocos años de una depresión de siglos. Sin embargo, esas bienvenidas subvenciones no hubiesen sido necesarias si se quedaran en las Islas los beneficios que producen nuestros propios recursos. No cabe en la cabeza de ningún economista que una región con dos millones de habitantes tenga cerca de 400.000 desempleados pese a recibir más de once millones de turistas cada año. Eso solo se explica si los beneficios del sector turístico se quedan mayoritariamente en el exterior. Sabido es que las decisiones que afectan a los canarios no se adoptan en Canarias sino a 2.000 kilómetros de aquí. Lo peor es que, por si fuera poco, los réditos de nuestra principal fuente de riqueza alimentan no a quienes están en el Archipiélago, sino también a quienes viven a miles de kilómetros de nuestras costas. Ahí tenemos el caso del petróleo que traemos a estas líneas un día más. Los permisos para perforar en aguas próximas a Canarias no los gestiona una empresa española en cualquiera de las dos capitales canarias sino en Madrid.
Por mucho que cacareen Paulino Rivero y los nacionalistas de CC, no es el Gobierno de Canarias sino el de España el que decide lo que se hace y lo que no se hace en estas Islas. Lo mismo podemos decir del Parlamento de Canarias, que es una institución digna por muy indignos que sean, políticamente hablando, muchos de quienes se sientan en sus escaños. Las leyes que salen de la Cámara regional de poco valen si los gobernantes de Madrid deciden que van en contra de los intereses de Canarias. A veces se produce una excepción, como ha ocurrido con el recurso del Ejecutivo central contra algunos puntos de la llamada Ley del Turismo, pero es un hecho engañoso. En primer lugar porque el proceso legal todavía no ha concluido.
Teledirigidos, expoliados y, consecuentemente, sometidos. Esta es nuestra situación aunque algunos nos acusen de caer en el catastrofismo, el victimismo o la demagogia. También trataban de ridiculizarnos cuando decíamos que siempre nos han tratado como una colonia. Sin embargo, nadie desautoriza humillantemente al presidente del Gobierno autonómico cuando dice ahora lo mismo que denunciaba José Rodríguez.
No nos basta con perfilar cuál es nuestro problema. Hay que buscar soluciones. La primera de ellas, a nuestro entender, conseguir un mayor nivel de autogobierno. Luego, ya se verá. Sin embargo, de poco o de nada sirve que nos dejen decidir a nosotros si seguimos en manos de políticos incompetentes. Muchos son quienes se preguntan si no estaría mejor gestionada la sanidad pública canaria desde la capital de la Metrópoli que desde el propio Archipiélago. Lo mismo podemos decir de la educación y de otros servicios. Nuestra inquebrantable condición de tinerfeños y canarios hace que nos provoque una manifiesta repulsión la simple idea de que nos gobiernen desde el exterior, aunque no por ello podemos pasar por alto que las listas de espera para recibir asistencia hospitalaria son, en demasiados casos, propias de países del tercer mundo y no de un territorio que pretende pertenecer al primer mundo.
Mayor capacidad de gestión en un sentido u otro. Eso es lo que necesitamos. Es una indignidad que hasta para realizar una consulta sobre las prospecciones tengamos que pedir permiso al Gobierno de Rajoy. No estamos avalando la conveniencia de esa consulta muy teñida de oportunismo político; lo que hacemos es denunciar esa dependencia odiosa que nos imponen desde que se produjo la conquista de estas Islas. Una política metropolitana que carcome nuestra libertad como individuos y como pueblo.
Lejos de luchar por esas cotas de autogobierno imprescindibles para sacarnos del profundo pozo al que nos han arrojado, andan muy ocupados estos días los políticos nacionalistas en peleas internas por las candidaturas. Hemos debido acostumbrarnos a que las campañas electorales duren los cuatro años de una legislatura en vez de limitarse, como sería lo lógico, a uno o dos meses antes de los comicios. Es una pena porque esos méritos que intentan arroparse unos y otros podrían conseguirlos mucho mejor preocupándose de verdad por resolver los problemas del pueblo canario. No obstante, la lucha en el seno de CC está siendo más equilibrada de lo que presumían inicialmente quienes forman el equipo de Rivero. Al final, más de uno podría llevarse una sorpresa. Tiempo al tiempo.